La diputada Javiera Rodríguez, del Partido Republicano, defendió la gestión del presidente José Antonio Kast, destacando que su administración se ha enfocado en “hacer la pega”, una diferencia sustancial respecto al gobierno anterior, al que calificó de “más discursivo”. La parlamentaria abordó también la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, desestimando que haya sido un fracaso y argumentando que impulsar responsabilidades políticas es parte del deber de su bancada.
En materia de seguridad, Rodríguez respaldó la posibilidad de indultar a uniformados condenados por hechos ocurridos tras el 18 de octubre. Sostuvo que los carabineros involucrados han sido “juzgados, acusados y perseguidos políticamente de forma injusta”. En esta línea, apuntó contra fiscales, a quienes acusó de perseguir a funcionarios policiales por “motivaciones políticas”, aunque aclaró que esta crítica no se extiende a todo el Ministerio Público.
En conversación con BBCL, la diputada reiteró su postura de eliminar las pensiones de gracia asociadas al estallido social. Su argumento es que la mayoría de los beneficiarios tuvo algún grado de responsabilidad en los hechos de violencia. Si bien reconoció la existencia de “casos excepcionales” de personas con derechos vulnerados sin participación en actos violentos, enfatizó que estos casos deberían recibir “otro tipo de reparación” y no una pensión vinculada al 18-O, ya que, a su juicio, esto constituye “una validación de la violencia”.
Respecto a las críticas que generan sus atuendos en la Cámara de Diputadas y Diputados, Rodríguez aseguró que la izquierda ha utilizado históricamente la vestimenta como forma de expresión sin ser cuestionada. Sin embargo, en su caso, al ser “de derecha, joven y mujer”, su vestimenta genera “escozor”.
La parlamentaria también se refirió a la “funa/agresión” que vivió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, calificándola como una “situación súper desagradable”. Desmintió que su equipo haya provocado la situación, señalando que la violencia “nunca tiene justificación”. A pesar de lo que consideró una “negligencia de la Dirección de Derecho”, la universidad abrió un sumario y la contactó para agendar una conversación al respecto.
Yo esperaría que obviamente existiera una investigación sólida, transparente y con objetividad. También espero que existan sanciones para los universitarios que ejercieron violencia, que fueron a funar la actividad, o sea, desde una suspensión hasta una expulsión, si así lo determina la investigación.
Rodríguez espera que el sumario derive en una investigación transparente y en posibles sanciones para los estudiantes responsables de los actos de violencia, que podrían ir desde la suspensión hasta la expulsión, esperando que la universidad actúe de manera contundente para sentar un precedente.