Un hito para la infraestructura hídrica nacional
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Antofagasta dio luz verde de manera unánime al megaproyecto de desalación conocido como Aguas Marítimas. Esta iniciativa, liderada por la compañía CRAMSA, busca convertirse en la mayor desaladora en Chile mediante una inversión histórica de US$ 5.000 millones, transformándose en el proyecto de mayor envergadura aprobado desde 2018, superando lo registrado en su momento por la iniciativa “Quebrada Blanca” de la canadiense Teck en la región de Tarapacá.
Alcance y ubicación estratégica
El plan maestro de la planta es de carácter multipropósito. Su objetivo central es suministrar agua desalinizada tanto para consumo humano como para las faenas industriales de los sectores minero y agrícola en las comunas de Antofagasta, Calama y Sierra Gorda. La infraestructura se ubicará específicamente en Caleta Bolfín, un punto situado a 12 kilómetros al sur de Caleta Coloso, emplazamiento que se encuentra fuera del límite urbano de la capital regional.
El camino hacia la aprobación
La tramitación del proyecto se inició formalmente en marzo de 2022. Sin embargo, el proceso enfrentó un obstáculo significativo en diciembre de 2025, cuando la empresa decidió suspender voluntariamente la tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esta pausa fue respuesta a un informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones (Icsara) emitido en octubre del mismo año.
Para destrabar el proceso y obtener la aprobación final, la firma se comprometió a implementar estrictas medidas de mitigación, destacando un programa de monitoreo enfocado en la chinchilla lanígera, especie que posee registros de presencia en las zonas aledañas donde se ejecutarán las obras.
Propiedad y gestión del proyecto
La estructura societaria detrás de CRAMSA (Compañía Regional Aguas Marítimas) es de capitales privados chilenos. Según la información detallada en los estados financieros remitidos a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el controlador principal es el grupo Aguas del Desierto, entidad que ostenta el 91,9% de la propiedad del proyecto.
