La reciente propuesta del Ejecutivo para realizar un reajuste del ingreso mínimo, que busca elevar el sueldo base de $539.000 a $546.546, ha encendido el debate en la Cámara de Diputadas y Diputados. Este incremento de $7.546, diseñado para compensar el IPC acumulado entre enero y marzo de 2026, ha generado una división inmediata entre las fuerzas políticas del país.
Defensa del oficialismo: enfoque en la realidad fiscal
Desde el sector oficialista, se ha hecho hincapié en la necesidad de ajustar las expectativas a la compleja situación financiera estatal. El diputado Stephan Schubert (Republicanos), miembro de la comisión de Trabajo, enfatizó que la discusión requiere “realismo” dada la coyuntura actual.
La discusión respecto del reajuste del ingreso mínimo tiene que llevarse adelante con realismo, con la situación actual en la que nos encontramos hoy como país, con una situación crítica en materia financiera del Estado, con precios que están al alza producto de la guerra y de la situación también fiscal.
Schubert advirtió además sobre la presión en los mercados y el alto costo de contratación, señalando que es vital velar tanto por el empleo como por los empleadores. En esta línea, la diputada Paulina Muñoz (Partido Nacional Libertario) cuestionó las aspiraciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Según Muñoz, al considerar el sueldo base, la gratificación y el aporte patronal, el costo bruto real para un empleador alcanza los $700.000, calificando la propuesta de la CUT de $637.000 como una cifra “desconectada de la realidad”.
Oposición y Frente Amplio: críticas por el costo de la vida
Por otro lado, la oposición ha calificado la medida de “impresentable”. El diputado Boris Barrera (PC) argumentó que el ajuste no cubrirá la escalada en los precios de los combustibles y la proyección del IPC para el resto del año. Barrera contrapuso este monto con los beneficios tributarios de una reforma en trámite, estimando que el 0,01% de los mayores ingresos podría recibir 400 millones de pesos anuales si se concretan las rebajas en impuestos corporativos.
Finalmente, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) arremetió contra el ministro de Hacienda por su prolijidad en las finanzas. Brito señaló que la propuesta es menor al incremento del costo de la vida y cuestionó la falta de inyección de recursos al MEPCO. Asimismo, el parlamentario advirtió que existen inconsistencias respecto a la base de cálculo utilizada en la Ley Miscelánea de Reconstrucción Nacional, lo que siembra dudas sobre el manejo económico gubernamental.
El proyecto se mantiene en el centro de la discusión legislativa. Mientras el Gobierno apuesta por la cautela fiscal, la oposición presiona por mejoras sustanciales, dejando el destino del reajuste en una incertidumbre que se definirá en las próximas sesiones parlamentarias.
