En el marco de la reciente cuenta pública realizada en la Escuela Básica Piloto Pardo, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro oficializó un rechazo transversal a los hechos de violencia registrados durante las últimas semanas en distintos liceos capitalinos. La instancia buscó abordar los desafíos de convivencia educativa que enfrentan los establecimientos y reafirmar el compromiso institucional con el buen trato.
Rodrigo Villalobos, director del recinto y presidente de la Cordesa, fue enfático en su postura ante las tomas e incidentes. Según el dirigente, las comunidades educativas deben actuar como agentes de cambio frente a cualquier conducta disruptiva que afecte el clima escolar.
La violencia física, verbal, simbólica y psicológica, entre pares o ejercidas desde posiciones de poder no tiene lugar en una escuela pública que se pretende democrática. El sistema educativo tiene la responsabilidad y el deber de promover mayor equidad, y eso parte por nombrar las violencias, visibilizarlas y actuar en consecuencia con políticas de convivencia sustentadas en el respeto, buen trato y la reparación.
Por su parte, Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, sostuvo que el objetivo central es devolver a la educación pública el prestigio y la confianza de las familias chilenas. Para la autoridad, la participación activa de los apoderados y el estudiantado es la clave para edificar entornos de aprendizaje seguros. “La violencia no tiene cabida en los espacios educativos”, sentenció Retamales, en un contexto marcado además por el rechazo de los estudiantes al proyecto de ley “Escuelas Protegidas”.
Balance de gestión y desafíos estructurales al 2026
Desde enero de 2026, el SLEP Santiago Centro gestiona una red de 43 establecimientos educacionales que acogen a cerca de 26 mil estudiantes. Esta diversa red incluye modalidades de enseñanza básica, especial, científico-humanista, técnico-profesional, formación de adultos y educación en contexto de encierro. Durante el año anterior, el organismo ejecutó un levantamiento exhaustivo de datos para caracterizar los territorios, identificar sellos educativos y evaluar el estado de la infraestructura.
Uno de los puntos más críticos revelados en la cuenta pública es la antigüedad de los recintos: el 55% de los establecimientos tiene más de 100 años, lo que dificulta su mantención y seguridad. Ante esto, el servicio implementó el Plan Verano y el Plan Invierno para reparaciones básicas. Como proyección, las autoridades anunciaron la creación del Plan de Infraestructura 2026-2031, un proyecto participativo diseñado para priorizar las reparaciones urgentes y gestionar nuevas inversiones que permitan cerrar las brechas históricas de los colegios en Santiago.
