Un reciente informe de la Defensoría de la Niñez encendió las alarmas en el país al confirmar que los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes han experimentado un incremento del 46,4% entre los años 2019 y 2025. Este documento, titulado Diagnóstico sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2026, expone una realidad crítica para los 4 millones de personas que componen este grupo etario en Chile.
Cifras críticas en salud y protección
El estudio no solo se enfoca en la violencia sexual, sino que detalla un deterioro multidimensional. Existe un alarmante aumento del 137% en los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas. Además, el informe registra 387 homicidios contra menores solo durante el año 2025, mientras que más de 41 mil niños, niñas y adolescentes permanecen actualmente en listas de espera para acceder a programas de protección estatal.
Otros indicadores que preocupan a las autoridades incluyen las persistentes dificultades en la convivencia escolar, el incremento del ciberacoso y un aumento del 73% entre 2022 y 2024 en la tasa de víctimas de explotación sexual de menores.
La crisis del sistema según autoridades
Frente a estos antecedentes, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, reconoció que existe una crisis estructural que ha afectado históricamente al sistema residencial.
Hoy día estamos teniendo una crisis en el sistema de protección especializado que viene de arrastre de hace muchos años, donde el sistema residencial está muy golpeado.
Por su parte, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, enfatizó que la respuesta del Estado suele ser tardía frente a las necesidades reales de los menores:
Estas cifras dan cuenta de un importante deterioro en la calidad de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente, cuando la garantía de la protección social se ve disminuida, eso impacta aún más.
El informe concluye que, si bien la evidencia sobre la vulneración de derechos es clara, el Estado aún enfrenta una deuda pendiente en cuanto a la oportunidad y cobertura de sus programas. Este diagnóstico marca un desafío urgente para el Gobierno, que deberá evaluar cómo revertir esta tendencia en los próximos años. Los detalles completos pueden revisarse en el informe oficial de la Defensoría de la Niñez.
