El engaño: de una oferta laboral a la línea de fuego
Una atractiva oferta de trabajo se transformó en un calvario para decenas de ciudadanos peruanos, quienes viajaron a Rusia bajo la promesa de altos ingresos y terminaron siendo obligados a participar en la guerra contra Ucrania. Se estima que al menos 150 familias han perdido totalmente el contacto con sus seres queridos, entre ellos hijos, hermanos y esposos, y se teme que al menos 13 de ellos ya habrían fallecido en combate.
José, uno de los afectados por este esquema, relató la cruda realidad que enfrentan: «Lo que están haciendo es mandarnos a zona prácticamente al frente, como carne de cañón». El señuelo inicial consistía en empleos supuestamente seguros como guardias de seguridad, técnicos o cocineros, con salarios que ascendían a los 4 millones de pesos.
Cómo operaba la red de captación
Al llegar a territorio ruso, la situación de los trabajadores dio un giro radical. Según testimonios recopilados por T13, los peruanos fueron obligados a firmar documentos escritos en ruso; estos papeles, que ellos creían eran trámites administrativos de rutina, resultaron ser contratos que los vinculaban directamente al ejército ruso. Posteriormente, eran enviados a las zonas de mayor peligro en el conflicto bélico.
Las investigaciones apuntan a una red de captación que opera de manera internacional, integrada por individuos de nacionalidad peruana, colombiana y mexicana. Estos sujetos utilizan plataformas digitales para contactar a sus víctimas. Una vez en el país, los trabajadores quedaban en manos de supuestos representantes militares rusos, quienes los someten a condiciones extremas.
Torturas, amenazas y denuncias
La desesperación de las familias ha ido en aumento debido a los reportes de abusos. La hermana de uno de los reclutados relató que recibió un audio desesperado: «Me mandó un audio pidiendo ayuda, lo han tratado mal, lo han golpeado». Las denuncias también señalan que los afectados viven bajo un régimen de precariedad absoluta.
La situación ha escalado al punto de que las familias que han denunciado públicamente el caso —incluyendo madres, esposas e hijas— han recibido amenazas de muerte. Ante este escenario, se ha solicitado formalmente a la Policía Nacional que intervenga para garantizar la seguridad de quienes llevan semanas viviendo la tortura de desconocer el paradero y estado de salud de sus familiares.
