En una reciente entrevista con Radio 13c, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, lanzó fuertes críticas contra el denominado Plan de Reconstrucción Nacional —conocido también como megarreforma o ley miscelánea— impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast. Según el exsecretario de Estado, la iniciativa carece de una base sólida y contradice los consensos económicos alcanzados desde el retorno a la democracia.
¿Por qué el exministro califica la reforma como regresiva?
Elizalde sostiene que el proyecto no solo carece de herramientas para fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo, sino que profundiza la desigualdad. Al respecto, el exministro cuestionó la efectividad de rebajar impuestos como mecanismo de reactivación, afirmando que “eso no ha pasado en ninguna parte del mundo”.
“Es la reforma más regresiva desde la dictadura. Es una fórmula ochentera que ha fracasado en el mundo; si viniera con una idea nueva, uno diría: bueno, discutámosla. Ha fracasado en todas partes”, sentenció Elizalde.
El también exministro de la Segpres enfatizó que la apuesta central del gobierno, vinculada a las proyecciones del economista Quiroz, podría tener efectos duraderos y negativos. “Si la apuesta de Quiroz falla, en 25 años no se puede solucionar”, advirtió durante la conversación.
Impacto en la soberanía y convergencia fiscal
Otro de los puntos críticos señalados por Elizalde es la supuesta limitación que el proyecto impone a futuros gobiernos. A su juicio, la ley “coarta la soberanía popular”, impidiendo que administraciones venideras puedan corregir errores de diseño o proyecciones financieras inadecuadas.
Además, el exministro argumentó que la propuesta contraviene los esfuerzos por lograr la convergencia fiscal, definida como la coincidencia entre ingresos y gastos permanentes. Según el dirigente opositor, el proyecto se dedica a “concentrar y transferir recursos a los sectores más acomodados de la sociedad chilena sin ninguna compensación a cambio”, lo que impactaría negativamente en los niveles de equidad del país.
Mientras la oposición mantiene una postura de rechazo frontal a la esencia del proyecto, el debate sobre su viabilidad técnica y política sigue escalando en el Congreso. Queda por ver si el Ejecutivo logrará presentar ajustes que modifiquen esta percepción o si el conflicto legislativo se profundizará en los próximos meses.
