En un giro inesperado, un funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco se encuentra en el centro de una investigación por lavado de activos en el marco de la ‘Operación Imperio’. La audiencia de revisión de medidas cautelares para este caso ha sido fijada para el próximo 8 de octubre.
Según la información recabada, el funcionario judicial habría ejercido como «asesor jurídico» de una organización criminal dedicada al lavado de dinero y otros delitos económicos. Además, se sospecha que facilitó su identidad para registrar incluso un helicóptero a nombre de la banda.
Una Trama Compleja de Delitos Económicos
La ‘Operación Imperio’ reveló una red de actividades ilícitas que incluían la falsificación de títulos universitarios y cédulas de identidad para bancarizar personas y obtener créditos. Asimismo, se crearon empresas ficticias como parte de este esquema.
En el marco de la investigación, las autoridades lograron incautar bienes, muebles e inmuebles por más de 3 mil millones de pesos, lo que da una idea de la magnitud de los delitos cometidos.
El Papel del Funcionario Judicial
El involucramiento del funcionario del Poder Judicial en esta trama criminal ha generado gran preocupación. Su presunta participación como «asesor jurídico» de la organización delictiva pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial y plantea interrogantes sobre cómo se pudo haber filtrado información sensible.
La audiencia del 8 de octubre será clave para determinar si se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al funcionario o si se le otorga algún tipo de libertad condicional. Sin duda, este caso sacude los cimientos de la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia.
