En un giro inesperado, la Contraloría General de la República ha ordenado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) que cese las actividades de la exasesora Jeanette Tapia Fuentes y recupere los millonarios bonos que le fueron otorgados en 2018.
La investigación se inició a raíz de un artículo periodístico que cuestionaba el rol de Tapia, quien a pesar de estar contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), parecía estar ejerciendo funciones de asesora del ministro Carlos Montes Cisternas. Aún más, en 2018 Tapia había recibido un bono de retiro voluntario de alrededor de $50 millones, beneficio que restringe trabajar para el Gobierno por un periodo de cinco años.
Doble rol y uso indebido de fondos públicos
Según la Contraloría, Tapia compareció en varias ocasiones ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, actuando como abogada asesora legislativa del MINVU. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba contratada por el PNUD como especialista en normativa urbana.
La Contraloría señaló que «la representación de un ministerio u organismo público se enmarca en el ejercicio de una función pública, que no puede ser encomendada por medio de un convenio celebrado con una Agencia de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas». Por lo tanto, ordenó al MINVU cesar la actividad de Tapia en esa función.
Devolución de los bonos
Además, la Contraloría analizó el bono de retiro voluntario recibido por Tapia en 2018. Dado que el MINVU había transferido recursos públicos al PNUD para la ejecución de proyectos, en el marco de los cuales se contrató a Tapia, la Contraloría concluyó que esto contravenía los objetivos del bono.
Por lo tanto, la Contraloría ordenó al MINVU adoptar las medidas necesarias para obtener la restitución de los bonos otorgados a Tapia.
Otros casos bajo investigación
Pero este no es el único caso detectado. La Contraloría solicitó al MINVU la individualización de personas que han prestado servicios en el proyecto del PNUD entre 2016 y 2024, encontrando 8 casos en los que el tiempo servido coincidía con lapsos en los que esas personas estaban ejerciendo como funcionarios o servidores a honorarios para el Estado.
Ante esta situación, la Contraloría remitió los antecedentes a los distintos organismos para que analizaran si hubo superposición entre el trabajo en el PNUD y el servicio prestado al Estado.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la fiscalización y el uso responsable de los fondos públicos. La Contraloría ha demostrado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, sentando un precedente clave para evitar irregularidades en el futuro.
