La jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, se encuentra en el centro de una investigación por el delito de prevaricación culposa relacionado con la liberación irregular del sicario Alberto Carlos Mejía, formalizado por el crimen del «Rey de Meiggs».
Inicialmente, la magistrada había optado por «defenderse sola» después de que el Ministerio Público la citara en calidad de imputada. Sin embargo, ante la posibilidad de que se formalice el caso en su contra, Rodríguez ha decidido ahora ser representada por un abogado de la Defensoría Penal Pública.
De Testigo a Imputada
La semana del 14 de julio, la jueza Rodríguez había entregado su versión de los hechos en calidad de testigo, haciendo entrega de sus aparatos tecnológicos. No obstante, el Ministerio Público modificó su calidad procesal y la citó nuevamente, esta vez como imputada.
Según la investigación de la PDI, la Fiscalía imputa a la jueza por el delito de prevaricación culposa, alegando que su actuar fue negligente y no hizo lo suficiente para evitar el error que terminó con la liberación del sicario Mejía.
Buscando Asistencia Jurídica
A pesar de tener derecho a guardar silencio, la magistrada cooperó entregando sus aparatos tecnológicos y autorizando el alzamiento de su secreto bancario. Inicialmente, Rodríguez había indicado que se defendería sola.
Sin embargo, ahora ha optado por ser representada por un abogado de la Defensoría Penal Pública. Esta decisión se debe a que el Ministerio Público busca formalizar la investigación, por lo que la jueza necesitaría mayor asistencia jurídica.
Negligencia o Dolo
Según la Fiscalía, la resolución que ordenaba la prisión preventiva tenía un error en el apellido del imputado, pero existían otros mecanismos para corregir el documento. Los investigadores determinaron que, a pesar de que esas órdenes son «documentos tipo» que no admiten enmiendas, la magistrada pudo haber utilizado otras vías para modificar la resolución.
Bajo ese contexto, se busca esclarecer si hubo negligencia o un actuar doloso por parte de la jueza. Además, el Ministerio Público está revisando sus cuentas bancarias para determinar si existieron posibles pagos relacionados con esta gestión.
Otros Imputados
En el marco de esta investigación, hay otros ocho imputados: una funcionaria del Poder Judicial y siete gendarmes. A estos últimos se les vincula por no haber advertido del error que implicaba la liberación del sicario, pese a que la normativa establece que no pueden cuestionar las resoluciones judiciales.
La investigación continúa, y la jueza Irene Rodríguez deberá enfrentar el proceso con la asistencia de la Defensoría Penal Pública, después de haber intentado inicialmente defenderse sola.
