En un movimiento que busca endurecer las sanciones contra adolescentes involucrados en delitos graves, diputados de oposición han respaldado un proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La iniciativa, promovida por la bancada de Renovación Nacional, tiene como objetivo elevar el límite máximo de internación en régimen cerrado para menores de 14 y 15 años en casos de homicidios, violaciones o robos con violencia.
Camila Flores, diputada de Renovación Nacional, señaló que con esta propuesta se busca que a los menores de 16 años se les aplique siempre la «regla más estricta» cuando se trate de delitos especialmente violentos. Flores ha manifestado anteriormente su apoyo a rebajar la edad de responsabilidad penal a 12 años, una medida que no está contemplada en este proyecto, pero que seguirá impulsando como parte de una agenda legislativa más amplia en materia de seguridad pública.
Cuestionando la «Actitud Permisiva» del Sistema Penal Juvenil
La diputada Flores fue enfática al cuestionar lo que calificó como una actitud permisiva del sistema penal juvenil: «Tenemos que dejar de ser tan condescendientes con los jóvenes que están cometiendo delitos graves. Hoy día saben que delinquir no les va a costar nada, y eso ha incentivado su participación en crímenes cada vez más violentos».
Además, la legisladora defendió la necesidad de sanciones adicionales para quienes quebrantan las medidas de internación, como en el caso de fugas de centros especializados, y anticipó su intención de seguir avanzando en reformas más profundas.
Respaldo Transversal a Endurecer Penas
El diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, también respaldó la iniciativa, señalando que es necesario endurecer las sanciones para menores de edad. «Si uno ve las cifras de delincuencia de los últimos años, entre el 2023 y el 2024, aumentaron los delitos cometidos por menores de edad a niveles que no veíamos hace muchos años», sostuvo.
Sánchez recalcó la necesidad de una «mano más dura» y criticó la «actitud de obstruccionismo» que, a su juicio, han mostrado el Ministro de Justicia y la Ministra de Desarrollo Social durante el debate de este proyecto de ley.
La iniciativa, que fue aprobada en general, pero cuya votación particular se postergó por falta de tiempo, continuará su discusión la próxima semana, con más de 30 parlamentarios aún inscritos para intervenir.
