Polémica en el Senado: firma habría sido recortada de otro documento

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Nuevos antecedentes han surgido en la investigación por el presunto uso irregular de firmas de parlamentarios en documentos relacionados con permisos constitucionales en el Senado. La situación llevó a la Fiscalía Regional de Valparaíso a iniciar una pesquisa de oficio para determinar si hubo falsificación.

Fuentes de Radio Bío Bío indicaron que una de las rúbricas cuestionadas no corresponde a una firma electrónica, como se había especulado, sino a una realizada a lápiz. Esta firma habría sido recortada de otro documento y luego incorporada al escrito que generó la controversia.

Este detalle es crucial, ya que una de las explicaciones previas en la Cámara Alta sugería el uso no autorizado de una firma digital. Sin embargo, la nueva información apunta a un método distinto: la reutilización de una firma manuscrita, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo se elaboraron y autorizaron los permisos.

Las mismas fuentes señalaron que este procedimiento de recorte y pegado de firmas manuscritas sería habitual en la tramitación de algunos documentos. El caso ha desatado un fuerte debate porque los permisos constitucionales inciden directamente en el quórum de votaciones en el Senado, pudiendo alterar resultados legislativos.

Se sospechó que la presentación de estos permisos podría haber buscado modificar el quórum necesario para una votación sobre autorización de endeudamiento. No obstante, hasta el momento, no hay evidencia que acredite una maniobra deliberada con ese fin.

La polémica también generó divisiones entre los propios parlamentarios. El senador Fidel Espinoza (PS) negó una falsificación de su firma, atribuyendo el hecho a una “desprolijidad administrativa”. Pese a ello, manifestó su molestia con la bancada por el episodio y criticó el que se recurra al Ministerio Público para resolver lo que considera un conflicto político interno.

Ahora, la investigación se enfocará en establecer si existió una autorización expresa para el uso de las firmas y quiénes fueron los responsables en la elaboración de los documentos. Por el momento, estos nuevos antecedentes por sí solos no confirman la existencia de un delito, cuya determinación final quedará en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

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