El ministro vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, confirmó que Luis Silva fue desvinculado de la Subsecretaría de Justicia. La decisión se tomó luego de que Silva publicara un video sin la autorización ni el conocimiento de sus superiores, lo que generó un quiebre en la confianza del equipo.
Arenas enfatizó que la salida de Silva no se debió a su participación en la firma de decretos de rebajas de condenas, incluyendo aquellos relacionados con delitos sexuales contra menores. Según el vocero, la razón principal fue la falta de comunicación y la sorpresa que generó el registro audiovisual.
“Lo que ocurrió nos sorprendió a todos. Al subsecretario, hay que dejar en claro, no lo sacan por el tema de las firmas y los decretos, no lo sacan para aplacar esta crisis. Lo sacan por una razón muy concreta: Dio un vídeo sin avisar y poner en alerta al gobierno, menos al ministro”, señaló Arenas en conversación con Mesa Central.
El vocero añadió que el Presidente José Antonio Kast consideró “gravísimo” que el 99% de la gente interpretara el video como un deslinde de responsabilidades. Para Arenas, un equipo no puede funcionar si la confianza se ve comprometida de esa manera.
En su video, Silva había atribuido al ministro de Justicia, Fernando Rabat, la modificación del criterio jurídico para las rebajas de condenas. También explicó que su firma aparecía en algunos decretos porque subrogaba a Rabat en su ausencia.
Respecto a Rabat, Arenas defendió su permanencia en el gabinete, a pesar de la controversia y la acusación constitucional anunciada en su contra. El vocero indicó que el ministro ha reconocido su participación y los errores, y que el Presidente Kast le encargó corregir la situación. Arenas citó como precedente el segundo gobierno de Sebastián Piñera, donde no se pidió la renuncia a ministros que enfrentaron procesos similares.
El ministro vocero de Gobierno argumentó que la salida de Rabat no detendría la ofensiva política contra el Ejecutivo, ya que “acá lo que se busca es un tema político, que es parte de la democracia, pero no pasa por buscar que este ministro se vaya o no, es causarle un daño político al gobierno”.
Finalmente, Arenas sugirió que la oposición podría haber tenido conocimiento previo sobre los decretos antes de que el caso se hiciera público. Aseguró estar “convencido que tenían todos los antecedentes de antes”, lo que, a su juicio, evidencia una intencionalidad política para culpar al “último que firmó” en un contexto de una ley que lleva más de 20 años.
