La salida del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, evidenció problemas de coordinación en el Ministerio de Justicia y motivó al presidente José Antonio Kast a reorganizar su equipo. Silva, quien fuera una figura destacada del Partido Republicano, dejó el cargo tras la controversia generada por un video en el que explicaba su participación en la firma de decretos que redujeron condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
En su lugar, asumirá la abogada Josefina Soto Larreátegui. Este cambio, aceptado por La Moneda el viernes, busca instaurar un perfil más técnico y menos político en la subsecretaría. El ministro Fernando Rabat, en tanto, se mantiene en su puesto a pesar de los cuestionamientos por las rebajas de condenas y las presiones de la oposición.
La renuncia de Silva se produjo luego de que su video, publicado la noche del jueves, generara nuevas complicaciones para el Gobierno. En el registro, Silva afirmó haber seguido el criterio jurídico de su superior, Rabat, al firmar los documentos como ministro subrogante. El problema no solo radicó en el contenido de sus explicaciones, sino también en la forma, ya que el propio Silva reconoció no haber consultado a Rabat antes de publicar el video, lo que expuso una clara falta de coordinación dentro de la cartera.
La elección de Soto representa un giro significativo. Kast reemplazó a uno de los rostros más conocidos de Republicanos, quien fue el candidato más votado del Consejo Constitucional en 2023, por una abogada con una trayectoria enfocada en la administración pública y menor exposición mediática. Silva, conocido como el “profe Silva”, cultivó una carrera ligada a la academia y al debate constitucional, manteniendo un perfil abiertamente político.
Soto, por su parte, ha desarrollado gran parte de su carrera lejos de los focos. Ocupó cargos jurídicos y administrativos durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera, desempeñándose como coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda entre 2010 y 2011, y nuevamente entre 2018 y 2022. También fue jefa de gabinete del ministro de Energía entre 2011 y 2014, y cuenta con experiencia en el sector privado y como docente de Derecho Administrativo en la Universidad Católica. Este nombramiento sugiere una estrategia del Gobierno para recuperar el control de una cartera en crisis, apostando por una autoridad con mayor experiencia en el funcionamiento del Estado.
A pesar de su perfil menos político, Soto no es ajena al sector de Kast. Fue directora del Área Municipal de la Fundación Jaime Guzmán y encargada del Área de Fiscalización del Centro de Estudios Ideas Republicanas entre 2022 y 2026. Además, participó en el proceso constitucional de 2023 como integrante del Comité Técnico de Admisibilidad, encargada de asegurar el respeto a las bases institucionales para la redacción de una nueva Constitución. Aunque el Gobierno no precisó si es militante del partido, sus vínculos con el mundo republicano son evidentes.
La partida de Silva, sin embargo, no cierra la crisis en el Ministerio de Justicia. Fernando Rabat sigue al mando, enfrentando la presión de la oposición, que evalúa una acusación constitucional en su contra.
