La salida de Luis Silva del cargo de subsecretario de Justicia no logró cerrar el flanco político para La Moneda. La oposición mantiene su ofensiva en el Congreso por la polémica de las 56 rebajas de condenas, enfocando ahora sus dardos directamente contra el ministro Fernando Rabat.
Bancadas opositoras ya están coordinando un documento para presentar una Acusación Constitucional (AC) contra Rabat. Paralelamente, criticaron al presidente José Antonio Kast, responsabilizándolo de remover a Silva por un video en redes sociales sin autorización, y no por la raíz del problema de las condenas.
Según Raúl Soto (PPD) y Álvaro Ortiz (DC), la decisión de La Moneda fue cortar por “el hilo más delgado”. Consideran que el principal responsable político por la rebaja de condenas es el titular de Justicia, quien, a su juicio, aún no ha asumido su culpa en la situación.
Aunque La Moneda ya nombró a la abogada Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia, la oposición confía en el éxito de su acusación contra Rabat. Argumentan que existe un consenso, incluso dentro de sectores del oficialismo, respecto a la falta de responsabilidad política del Gobierno en este caso.
La presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, fue enfática al señalar que el problema radica en que el presidente Kast estaría priorizando su cercanía con Rabat, evitando así removerlo del cargo.
Por su parte, el biministro Claudio Alvarado defendió la continuidad de Rabat, asegurando que el ministro tiene la misión de “ser parte de la solución”. Alvarado sostuvo que la publicación del video del exsubsecretario de Justicia fue una situación que incomodó al Gobierno y que no estaba alineada con la “unidad de propósitos del Ejecutivo”.
