Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) solicitaron al fiscal nacional Ángel Valencia que designe un fiscal con dedicación exclusiva. La petición surge a raíz de la denuncia que ambos legisladores presentaron contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa.
La denuncia se fundamenta en la emisión de 56 decretos del Ministerio de Justicia que concedieron rebajas de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Según el escrito presentado, estos decretos «desconocen de manera explícita el carácter obligatorio de la ley», justificándose en una «interpretación jurisprudencial mayoritaria» y la necesidad de «evitar una judicialización innecesaria de materias ya resueltas».
El Ministro carece de competencia para hacer prevalecer criterios jurisprudenciales por sobre una norma legal expresa, como tampoco para alterar el principio del efecto relativo de las sentencias.
Tras la formalización de la denuncia, los diputados Santana y Cuello insistieron en la necesidad de un fiscal exclusivo para la investigación. Argumentaron que se trata de una causa de «alta complejidad» que «requiere revisar una alta cantidad de decretos de rebaja de condena» y ha generado «alta conmoción pública con una importante atención mediática».
Finalmente, enfatizaron que la investigación es contra «altas autoridades de gobierno», lo que subraya la «relevancia de la investidura de las personas a investigar». Además, destacaron que los hechos «afectarían a menores de edad, por lo que se trata de hechos de la máxima gravedad», lo que refuerza la urgencia de una indagación dedicada y exhaustiva.
