El ministro de Justicia, Fernando Rabat, evitó responder directamente a las críticas de las diputadas opositoras que abandonaron la Comisión de Familia de la Cámara. Las parlamentarias cuestionaron su presencia y declararon no considerarlo un interlocutor válido, mientras Rabat se enfocó en destacar los avances legislativos del Gobierno.
Esta situación se produce en un contexto de complejidad política para el secretario de Estado, quien enfrenta una acusación constitucional que busca su destitución. La controversia surge a raíz de decretos que permitieron la rebaja de condenas a individuos sentenciados por delitos sexuales y otros ilícitos graves, lo que ha generado un nuevo flanco para el Ejecutivo.
Consultado sobre el retiro de las diputadas, el ministro Rabat prefirió destacar la aprobación unánime de un proyecto de ley destinado a fortalecer las medidas cautelares de protección para mujeres. “Invito a todos los parlamentarios de todos los colores políticos a que sigamos trabajando por el bien de todos los chilenos”, afirmó el titular de Justicia, esquivando las preguntas sobre el fondo de las críticas.
Ante la insistencia de la prensa, Rabat mantuvo su postura. “Cuando tiene unanimidad en una comisión y se avanza en la protección de las mujeres, no puedo estar sino muy satisfecho”, respondió, sin abordar la decisión de las parlamentarias de desconocerlo como interlocutor.
Respecto a la acusación constitucional, el ministro confirmó que fue notificado el martes y dispone de diez días hábiles para presentar sus descargos. Sin embargo, dejó abierta la fecha exacta para ello, indicando que la decisión se tomará junto a su abogado, Juan Ignacio Piña, cuya experiencia en este tipo de procesos fue subrayada por Rabat.
La fecha en que se entregue la respuesta no es un detalle menor, ya que podría influir en el calendario de tramitación de la acusación en la Cámara, en un periodo en que el Congreso también se encuentra concentrado en la discusión del Presupuesto 2027.
Rabat también se refirió a una reciente resolución de la Corte Suprema, reiterando que el máximo tribunal respaldó su interpretación sobre la ausencia de un plazo establecido por ley o reglamento para la materia consultada en los decretos.
Otro punto relevante en su vocería fue el conflicto entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG), tras declaraciones del vocero, Gonzalo Arenas, que generaron molestia. Este quiebre es especialmente delicado, dado que los 14 diputados del PDG podrían ser clave en la votación de la acusación constitucional. Pese a ello, Rabat evitó criticar a Arenas o reconocer un error en sus dichos. “Yo creo que él aclaró ya sus definiciones y yo no me voy a transformar en comentarista de los comentarios de terceros”, concluyó.