Una intensa actividad legislativa se ha desatado en el Congreso a raíz de la controversia por las rebajas de condena a violadores y abusadores sexuales de menores de edad. Parlamentarios de distintos sectores han presentado cinco proyectos para restringir estos beneficios, aunque algunos plantean desafíos jurídicos. La ofensiva busca abordar las críticas generadas por los 56 casos de rebajas de condena que originaron la polémica.
Esta carrera legislativa se produce mientras el Ministerio de Justicia enfrenta cuestionamientos. La cartera ha concedido estos beneficios amparándose en la interpretación de la Corte Suprema sobre la legislación vigente. Sin embargo, modificar las reglas que han permitido estas decisiones implica un debate sobre los límites constitucionales de aplicar nuevas restricciones a delitos cometidos antes de 2022.
Una de las primeras propuestas llegó desde la bancada de Renovación Nacional. La diputada Ximena Ossandón lideró una reforma constitucional que busca que las reducciones de condena se rijan por la legislación del momento de su otorgamiento. Además, plantea dejar sin efecto ciertos beneficios concedidos administrativamente en los seis meses previos a la entrada en vigor de la reforma.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider también anunció un proyecto. Su iniciativa busca impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a rebajas mediante interpretaciones de normativas anteriores a 2022.
En el Senado, Arturo Squella, junto a Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya, comunicó una iniciativa transversal. Su objetivo es asegurar la aplicación efectiva de la exclusión de estos beneficios y solicitaron al Gobierno darle urgencia legislativa.
La diputada Marlene Pérez sumó su propia iniciativa, buscando extender la prohibición a delitos sexuales contra menores cometidos antes de la reforma de 2022. La parlamentaria tiene agendada una reunión con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para discutir la viabilidad jurídica de su propuesta.
Finalmente, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), presentó un proyecto para eliminar una excepción en la Ley 19.856, relacionada con el artículo 73 del Código Penal. A diferencia de otras propuestas, su modificación regiría solo para delitos cometidos después de la publicación de la futura ley. También contempla mayores exigencias de fundamentación para conceder reducciones de condena.
La razón de esta proliferación de proyectos son las 56 rebajas de condena otorgadas entre marzo y septiembre de este año a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. El Ministerio de Justicia ha sostenido que estas decisiones se ajustan a la interpretación de la Corte Suprema sobre la aplicación de la Ley 19.856, que permite reducir penas por comportamiento sobresaliente.
Aunque en febrero de 2022 se modificó la legislación para excluir de este beneficio a condenados por ciertos delitos sexuales contra menores, el máximo tribunal ha sentenciado que esa prohibición no puede aplicarse retroactivamente a hechos anteriores. Este criterio explica la postura de la cartera de Fernando Rabat, aunque no ha logrado calmar los cuestionamientos políticos.
De hecho, uno de los antecedentes que alimenta la controversia es que las 56 solicitudes fueron acogidas administrativamente, sin necesidad de que los condenados recurrieran previamente a los tribunales.
Así, las iniciativas que buscan extender la prohibición a delitos previos a 2022 podrían enfrentar reparos constitucionales, especialmente por las reglas que limitan la aplicación retroactiva de disposiciones penales más desfavorables. Una modificación legal no asegura revertir beneficios ya concedidos ni impedir automáticamente nuevas aprobaciones por hechos anteriores a la reforma.
La propuesta de Núñez, por ejemplo, evita este conflicto al establecer efectos futuros, pero tampoco resolvería directamente los casos que generaron la polémica. Existe una coincidencia política en restringir las rebajas, pero las diferencias surgen al definir cómo hacerlo y qué efectos concretos tendrían las modificaciones legislativas.
Este vendaval legislativo se acompaña de una ofensiva fiscalizadora contra el Ministerio de Justicia. Inicialmente, el Partido Comunista anunció una interpelación al ministro Fernando Rabat, pero luego priorizaron una sesión especial en la Cámara para abordar las rebajas de condena, manteniendo abierta la opción de la interpelación.
