La Fiscalía defendió ante la Corte de Apelaciones de Santiago su solicitud de anular el juicio del caso SQM, argumentando errores cruciales en la valoración de pruebas por parte del tribunal oral. Esta acción busca revertir la absolución de todos los acusados en una de las mayores investigaciones por financiamiento irregular de la política.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, sostuvo que el tribunal oral descartó declaraciones de policías, fiscalizadores y documentos que, a juicio del Ministerio Público, eran fundamentales para acreditar delitos tributarios y cohecho. Perivancich enfatizó que la evidencia omitida o valorada incorrectamente podría haber alterado el veredicto final.
“Lo que entendemos es que, en cada una de las alegaciones que hemos hecho, sí hay un argumento plausible que da cuenta de que el haber considerado adecuadamente esa prueba y, sobre todo, ese conjunto de pruebas, de haber sido ponderadas en conjunto, hubiese conducido al resultado condenatorio“, indicó la fiscal.
En contraposición, Samuel Donoso, defensor de Patricio Contesse, replicó que la Fiscalía intenta reexaminar la prueba como si se tratara de una apelación. Donoso cuestionó la falta de antecedentes concretos que acrediten la participación de su representado en el delito de cohecho, subrayando la prolongada duración del proceso judicial.
El abogado de Contesse, quien tiene 74 años y lleva once años y medio bajo investigación con seis años y nueve meses con medidas cautelares, afirmó que el recurso de nulidad no identifica pruebas de que su defendido ofreciera o aceptara beneficios a cambio de una actuación de un funcionario público. Además, criticó que los acusadores no se hagan cargo de todos los fundamentos de la sentencia absolutoria.
Donoso argumentó que la sentencia no se basa en un solo pilar, sino en múltiples razones como la atipicidad de los hechos, la falta de congruencia y la insuficiencia probatoria. La intervención de Donoso se produce mientras él mismo enfrenta otra investigación, con una audiencia fijada para el 11 de diciembre en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para discutir su solicitud de sobreseimiento en una causa por presuntas irregularidades en nombramientos judiciales.
Los alegatos finales de las dos defensas restantes concluyeron este viernes, y el tribunal dispuso un plazo máximo de 30 días para estudiar los argumentos antes de comunicar la fecha de la resolución.
