La familia González, al igual que muchas familias chilenas, vive con la idea de que el estudio es la única escalera para salir adelante y mejorar su futuro. Don Pedro, maestro de la construcción, y su esposa Carmen, comerciante en la feria, empeñaron años de privaciones para que sus tres hijos lograran lo que ellos no pudieron: alcanzar estudios universitarios y poseer un título profesional.
Hoy, sobre una pared del comedor, tres títulos enmarcados lucen impecables, pero el orgullo de ayer se ha transformado en un incómodo recordatorio. Camila, la mayor y trabajadora social de profesión, atiende en un call center. Rodrigo, diseñador, trabaja haciendo entregas por aplicación. Y el menor, recién titulado de ingeniería, lleva meses enviando currículums sin recibir una sola llamada.
El drama del desempleo ilustrado
La historia de los González no es una excepción, sino el reflejo del drama que cada día cobra mayor fuerza: el desempleo ilustrado.
En este contexto, cuando todos ostentan un título en la pared, el valor del esfuerzo universitario empieza a desdibujarse en una paradoja donde la abundancia de profesionales termina por masificar la frustración. Acumular conocimientos ya no garantiza las oportunidades prometidas y, en un país históricamente marcado por el amiguismo y el origen social, cada día se vuelve una lucha desgastante por alcanzar una estabilidad económica cuya meta parece correrse a medida que se intenta avanzar.
Amiguismo y acceso a cargos públicos
Este contraste se vuelve patente cuando se observa el funcionamiento del aparato público, donde el “pituto” prima por encima de cualquier acreditación académica. Mientras miles de jóvenes acumulan años de estudio, la opinión pública ha conocido múltiples casos de recién titulados que acceden a sueldos millonarios en el Estado con mínima o nula experiencia previa.
Desde sueldos de $2,14 y $2,77 millones a jóvenes de 24 y 26 años caracterizadas como “expertas”, pasando por $2 millones en la Reforma Procesal Civil, hasta el pago de $1,9 millones a un estudiante de 19 años en el Ministerio del Interior y cerca de $4,8 millones a un recién egresado en la Jefatura de Gabinete.
El gobierno de Kast hablaba de la meritocracia, pero al parecer la meritocracia a la que se referían se traduce en: de dónde vienes y a quiénes conoces. Esta arbitrariedad se profundiza al revisar los datos de Transparencia Activa analizados por Fundación Nueva Mente, los cuales revelan que los 50 senadores del país destinan 700 millones de pesos mensuales para mantener a más de 400 asesores , donde una parte significativa de estos puestos ni siquiera requiere o exige título profesional, priorizando en su lugar a operadores territoriales, chóferes, administrativos y redes de contactos familiares o militantes.
Lo más perverso de esta dinámica es que estas redes de poder financian tales sueldos abultados utilizando los impuestos de los mismos profesionales que hoy se ven obligados a trabajar en lo que no estudiaron. Es, en la práctica, un verdadero escupitajo en la cara a la ciudadanía. Para familias como los González, la señal es devastadora, mientras a los profesionales jóvenes se les exige acumular títulos y certificaciones para terminar en la sobre calificación o el desempleo, las redes de poder garantizan cupos y abultados sueldos fiscales donde el mérito y la formación académica terminan siendo totalmente prescindibles.
Debilitamiento de la educación técnico-profesional
Este escenario es el resultado de un cambio estructural que comenzó a gestarse décadas atrás. Durante gran parte del siglo pasado, la educación técnico-profesional ofrecía una salida laboral y una vía de movilidad social clara e inmediata para miles de familias de sectores medios y populares. Los liceos técnicos formaban directamente a mecánicos, electricistas, asistentes contables y otros especialistas capaces de insertarse con dignidad en el mercado de trabajo con competencias concretas tan pronto concluían la enseñanza media.
Sin embargo, diversos cambios normativos y reformas curriculares fueron debilitando paulatinamente esa función. Se eliminó progresivamente la viabilidad de los títulos que entregaban directamente los colegios técnico-profesionales, convirtiéndolos en una etapa intermedia que exigía continuar obligatoriamente estudios superiores para acceder a oportunidades equivalentes a las que antes se obtenían al egresar de la escuela.
Fue así como nacieron y proliferaron masivamente los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP). Esta reestructuración convirtió a la formación técnica y profesional en un negocio en constante expansión, transformando la educación superior en una condición indispensable para competir en el mercado laboral y forzando a familias enteras a asumir costos económicos significativos para cubrir una exigencia que el propio sistema había creado mediante una mala política pública.
Las cifras oficiales ratifican el drama de la familia González. De acuerdo con el INE, la desocupación nacional alcanzó un 9,4% en el trimestre abril-junio de 2026, pero el desempleo profesional muestra un rostro aún más complejo. El Observatorio Contexto Económico de la UDP (Informe N°81) señala que la desocupación en personas con educación superior completa llega al 8,3%, lo que equivale a más de 360 mil profesionales sin fuente de ingresos. Sin embargo, el nudo crítico es la calidad del trabajo, casi cuatro de cada diez profesionales ocupados (37,7%) enfrentan la misma sobre calificación que frena a Camila y Rodrigo.
Esta fragilidad se profundiza con una tasa de informalidad del 27,0%, evidencia de un mercado incapaz de generar puestos formales y de calidad. Sin amiguismos ni contactos políticos que inclinen la balanza, la emigración emerge como la única salida viable frente al estancamiento. De ahí que no resulte fortuito que una porción significativa de los chilenos que arman sus maletas pertenezcan, precisamente, al segmento profesional.
Aceptar esta dinámica exige cuestionar la narrativa sobre la cual se cimentó el progreso individual durante generaciones. La promesa con la que Pedro y Carmen educaron a sus hijos (de que la educación era el gran igualador social) se ve tensionada por estructuras rígidas que perpetúan privilegios marcados en nuestra sociedad. La titulación masiva ha expuesto sus fracturas, dejando al descubierto a una generación calificada que, con el título colgado en la pared, debe lidiar con la incertidumbre de un mercado donde el mérito académico parece haber perdido su poder transformador frente a los atajos del amiguismo y la captura de recursos públicos.
Es paradójico que en la Biblia se señala precisamente este problema en Eclesiastés 9:11: “Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno”.
Revertir este problema, sin embargo, no exige renunciar al valor de la educación superior, sino repensar el modelo que la rodea. En primer lugar, resulta urgente devolverle dignidad y salida laboral inmediata a la educación técnico-profesional de nivel secundario, de manera que un título de enseñanza media técnica vuelva a ser, como lo fue para generaciones anteriores, una puerta de entrada al trabajo y no solo un peldaño obligado hacia la universidad. Esto supone fortalecer la vinculación entre liceos técnicos y empresas, actualizar mallas curriculares según las necesidades reales del mercado, y certificar competencias con validez laboral inmediata.
En paralelo, el país necesita información pública y oportuna sobre empleabilidad e ingresos por carrera e institución, de modo que familias como los González puedan decidir con datos (y no solo con la fe heredada de que “estudiar es siempre la respuesta”) dónde invertir años y ahorros.
A ello debe sumarse una revisión seria de la sobreoferta de matrículas en carreras saturadas, incentivos para orientar la formación técnica y profesional hacia sectores con déficit de mano de obra calificada, y políticas activas de primer empleo que rompan la barrera del amiguismo mediante concursos públicos transparentes, reglas estrictas de idoneidad profesional en cargos de asesoría del Estado, prácticas remuneradas y bolsas de trabajo objetivas.
Mientras estas transformaciones no pasen de las intenciones a las políticas públicas, la fuga de talentos seguirá siendo la respuesta silenciosa y dolorosa de una generación desencantada. Cada profesional que arma sus maletas o acepta un empleo precario deja al descubierto la fractura definitiva de nuestra fe en la meritocracia.
Para Chile, el costo de esta postergación se traduce en desperdiciar el capital humano indispensable para innovar y competir, condenándonos a un estancamiento que nos distancia de aquellos países que sí entendieron que la mayor riqueza de una nación no reside en los pitutos políticos, sino en el valor de potenciar a su propia ciudadanía.
