El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes el fin de todos los procesos de diálogo y los mecanismos de sometimiento que formaban parte de la política de ‘paz total’ impulsada por su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026).
Esta decisión representa un cambio significativo en la estrategia nacional, ya que suspende iniciativas que habían avanzado hasta la concentración y dejación de armas por parte de miembros de diversas organizaciones armadas, cumpliendo con las promesas de campaña de De la Espriella.
“Se acabó la falsa paz. En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad”
Así lo afirmó De la Espriella en la plataforma X, subrayando el giro en la política gubernamental. La medida afecta directamente las mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
También quedan suspendidos los diálogos sociojurídicos con grupos de Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia), Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Un ejemplo concreto de las consecuencias de esta nueva estrategia es el caso de los Comandos de Frontera, parte de la CNEB. Durante la administración Petro, 99 de sus miembros se concentraron en junio pasado en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio del Valle del Guamuez, Putumayo (sur), cerca de la frontera con Ecuador, como parte de un proceso de desarme.
Esta zona, destinada a facilitar la transición de los integrantes a la vida civil y que contaba con monitoreo y acompañamiento institucional, fue cerrada por orden de De la Espriella mediante la Resolución 389 de 2026, fijando el 30 de septiembre como fecha límite para su desmonte.
El contraste con el caso de Putumayo refuerza la valoración del nuevo Gobierno, que considera que los procesos de diálogo y los mecanismos heredados no lograron “avances suficientes” en términos de paz, desarme o sometimiento a la Justicia.
El Gobierno anunció que quienes deseen abandonar las armas deberán someterse a la Justicia. Aquellos que continúen con actos de violencia “serán enfrentados por la fuerza pública”, reafirmando el enfoque de confrontación que caracterizó la campaña presidencial de De la Espriella.
La administración anterior destinó aproximadamente 7.000 millones de pesos (unos 2,2 millones de dólares) en despliegue institucional y económico para estos procesos, incluyendo honorarios de voceros y gastos asociados a seguridad, viáticos y zonas de ubicación.
Este giro de De la Espriella abandona la ‘paz total’ de Petro y establece un modelo que prioriza el sometimiento individual a la justicia y una mayor presión militar sobre las organizaciones armadas.
