El sistema de pensiones chileno se prepara para su mayor transformación en 40 años, un cambio que, según advierte la Superintendencia de Pensiones (SP), podría generar una mayor volatilidad en los mercados. Esta anticipación fue comunicada por el superintendente Joaquín Cortez durante un seminario en el Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de Los Andes (UAndes).
La transición de los actuales multifondos a los nuevos fondos generacionales implicará que las inversiones se muevan a nuevas carteras, dictadas por la Reforma Previsional. Esto significa que “hay algunas que tienen que comprar, otras tienen que vender”, lo que generará operaciones tanto en mercados internacionales como en el ámbito local. Pese a esto, la autoridad indicó que los efectos no se extenderán de forma permanente.
Actualmente, los multifondos A, B, C, D y E permiten a los afiliados elegir el nivel de riesgo. En contraste, los nuevos fondos generacionales son 10 y se organizan por rangos de edad. El “Fondo Inicial” es para afiliados de hasta 35 años; le siguen ocho “Fondos Intermedios” en los que los trabajadores avanzan cada cinco años; y finalmente, el “Fondo de Consolidación” está destinado a pensionados o trabajadores mayores de 75 años.
La principal diferencia es que en el nuevo esquema, cada persona está obligada a cotizar en el fondo correspondiente a su edad. Los fondos iniciales conllevan mayor riesgo y potencial de ganancia, pero también de pérdidas. Con el tiempo, el riesgo disminuye y las inversiones se vuelven más conservadoras, buscando preservar el valor de los ahorros para la jubilación.
Durante el seminario “Fondos Generacionales: Régimen de inversiones, oportunidades y desafíos”, Cortez subrayó que el objetivo fue “queríamos meter las manos lo menos posible”, defendiendo la autonomía de las administradoras para definir sus estrategias de inversión. El superintendente afirmó: “Lo que sabemos es que lo hacen mejor que el regulador”.
Por su parte, Mauricio Larraín, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAndes, si bien reconoció el nuevo régimen como “el principal cambio en el modelo en los últimos 40 años”, cuestionó los montos mínimos de inversión en renta fija soberana. Larraín argumentó que “no es el rol de las AFP financiar al Fisco”, proponiendo una reducción gradual de estos mínimos.
Cortez concluyó que, aunque la evaluación completa de estos cambios tardaría unos 30 años, “es imposible esperar” tanto. En última instancia, la prueba decisiva para el nuevo sistema será cómo las decisiones de inversión se traduzcan en las pensiones de los afiliados.