El emblemático caso SQM, que investiga el financiamiento irregular de la política en Chile, se encamina a un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía Regional de Valparaíso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) han impugnado la sentencia que absolvió a todos los acusados principales, solicitando la anulación del juicio y el fallo.
Los tres organismos argumentan que la sentencia contiene contradicciones, errores jurídicos y pruebas que fueron ignoradas. Estas acciones conjuntas buscan revertir las absoluciones de las ocho personas implicadas, extendiendo la duración de este complejo proceso judicial que ya acumuló 560 audiencias y cuya sentencia, de 4.356 páginas, fue entregada el pasado 5 de agosto.
La Fiscalía ha presentado un recurso de 220 páginas que busca la repetición del juicio para Longueira, Contesse, ME-O, Valdivielso, Rozas, León y Warner. La fiscal regional Claudia Perivancich explicó que el recurso se fundamenta en que el tribunal, en su voto de mayoría, dictó la resolución infringiendo normas legales al no ajustarse a los requisitos de la sentencia.
Interponemos este recurso de nulidad por entender que el tribunal, en su voto de mayoría, ha dictado esta resolución infringiendo las normas legales que exigen ajustarse a determinados requisitos al momento de dictación de la sentencia.
Perivancich destacó que el fallo exhibe «razonamientos contradictorios, algunos que van más allá de la lógica», lo que a su juicio desvirtúa la fundamentación. La Fiscalía critica que la sentencia presenta una fundamentación solo aparente, no valora la totalidad de la prueba y llega a conclusiones ilógicas. Además, reprocha que las juezas responsabilizaran al Ministerio Público por agrupar diversas investigaciones en un único juicio, una decisión previamente respaldada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema.
El recurso fiscal insiste en que el tribunal oral no puede cuestionar un punto ya resuelto con «calificativos como ‘decisiones arbitrarias'», especialmente cuando estas fueron controladas jurisdiccionalmente en todas las instancias. Un argumento similar se emplea para defender la validez de pruebas consideradas ilícitas por la sentencia, cuya incorporación ya había sido debatida ante un juez de garantía.
Por su parte, el SII ha recurrido con un escrito de 97 páginas, focalizado en las absoluciones por delitos tributarios. Este incluye a Contesse, ME-O, Valdivielso, Rozas, León, Warner y Cavieres, aunque esta última fue absuelta de forma unánime por las magistradas. El exsenador Longueira no fue incluido en este recurso ya que el SII no participó en las acusaciones por cohecho y soborno.
El SII sostiene que, a pesar de la extensión de la sentencia, esta carece de una explicación adecuada sobre el análisis de las pruebas y las razones de las absoluciones. Denuncia una «fundamentación aparente» y una descalificación anticipada de categorías enteras de evidencia. El recurso del SII resalta que en las 1.810 páginas dedicadas a la valoración probatoria, la frase «más allá de toda duda razonable» aparece solo una vez y la palabra «dolo» (elemento clave en delitos tributarios) se menciona en apenas dos páginas.
Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar los argumentos de la Fiscalía, el CDE y el SII para determinar si las fallas denunciadas son suficientes para anular las absoluciones y ordenar un nuevo juicio, reabriendo una de las aristas más complejas del caso SQM.
