La Fiscalía Metropolitana Sur, en colaboración con personal del OS9 de Carabineros, allanó este jueves las oficinas de la Autopista Central. El operativo se realizó en la comuna de Las Condes y busca evidencia digital crucial para una investigación de fraude en el Juzgado de Policía Local de La Granja, que involucra multas del TAG.
Las diligencias forman parte de una causa por falsificación de instrumento público y cohecho. La semana anterior, ocho funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja fueron formalizados en el marco de este caso. Este jueves, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la prisión preventiva para seis de ellos, mientras que los dos restantes quedaron con medidas cautelares menores.
“Estas personas, en su calidad de funcionarios públicos, se les designaba como receptores para efectuar las notificaciones, pero en estos casos estas personas decían que el mismo día, a la misma hora, se encontraban, por ejemplo, en distintas comunas de la Región Metropolitana, lo que es físicamente imposible”, consignó el fiscal Christian Toledo, de la Fiscalía Sur.
El fiscal Christian Toledo explicó la mecánica del fraude: los funcionarios declaraban notificaciones en lugares geográficamente imposibles de cubrir al mismo tiempo. “Decían que estaban notificando a una persona en la comuna de San Bernardo a las 9 de la mañana y decían que estaban en Colina también a la misma hora, cosa que obviamente no era posible”, detalló Toledo. Estas notificaciones falsas les permitían recibir una remuneración adicional de aproximadamente 30 mil pesos por cada una, generando altos ingresos.
Toledo enfatizó que, si bien los ciudadanos involucrados eran deudores del TAG, el proceso de notificación estaba viciado. Muchas personas nunca se enteraron de sus multas debido a estos estampados falsos, lo que impedía que la demanda llegara a sus manos.
La formalización de los ocho funcionarios se centra en tres aspectos principales de falsificación. Uno de ellos es la creación de expedientes falsos que no corresponden a los registros de ingreso del tribunal. Otra arista se relaciona con la emisión de certificados para requerir información al Registro Civil a través de oficios falsos.
La tercera imputación tiene que ver con los estampados falsos en las notificaciones. Además, se les acusa de cohecho, ya que a través de estos oficios irregulares, los funcionarios obtenían información que legalmente no podían acceder sin una causa debidamente tramitada.
Los hechos investigados ocurrieron entre los años 2019 y 2020. Hasta el momento, no se ha determinado el monto total del dinero defraudado en este esquema. Se espera que la investigación continúe para esclarecer todos los detalles y el alcance del fraude.
