El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta un complejo escenario legislativo en el Congreso, donde 88 urgencias legislativas se encuentran vigentes. La Moneda debe definir si flexibiliza sus posturas para asegurar acuerdos o arriesgar el estancamiento de su agenda de seguridad clave en el Parlamento, especialmente con el regreso de los parlamentarios a Valparaíso.
Este volumen de iniciativas, con 56 proyectos en el Senado y 32 en la Cámara de Diputados, crea un cuello de botella, ya que la capacidad del Ejecutivo para proponer proyectos excede la del Congreso para tramitarlos. Esto subraya la urgencia de establecer prioridades claras y una disposición a negociar para evitar que los proyectos se acumulen sin avance en las comisiones.
El principal punto de conflicto se centra en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Iniciativas consideradas estructurales por el Ejecutivo, como la regulación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para fuerzas armadas y policiales, la habilitación militar para la protección de infraestructura crítica, y la ampliación del plazo de flagrancia junto con mayores atribuciones policiales, están atrapadas a la espera de acuerdos en comisión mixta. Esta instancia se vuelve crítica para el avance de la agenda de seguridad.
Adicionalmente, el Senado debate en primer trámite constitucional la polémica Reforma Constitucional de Seguridad Pública, ingresada el 17 de agosto. A pesar de los cuestionamientos transversales que anticipan su rechazo, el Gobierno se niega a retirarla. Esta reforma propone un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales y nuevas inhabilidades.
En segundo trámite constitucional, avanzan en la Cámara Alta la Ley Antiencapuchados, la Ley Corta de Seguridad Municipal y la reforma a la responsabilidad penal adolescente. Otras iniciativas, como las relativas a estados de excepción, control de identidad, legítima defensa privilegiada para policías de franco y juicios en ausencia, continúan su discusión en comisiones.
La Cámara de Diputados, por su parte, tiene en agenda el proyecto para ampliar a 180 días el plazo de detención de migrantes, otra propuesta sensible para el Gobierno. Paradójicamente, mientras La Moneda busca posicionar la seguridad como un sello de su administración, gran parte de sus herramientas legislativas dependen de acuerdos políticos aún por construir.
La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) destaca el contraste con la administración anterior: al 25 de agosto, en la semana 23 de gobierno, Kast había ingresado 42 mensajes presidenciales, superando los 25 presentados por Gabriel Boric en el mismo período. Sin embargo, este impulso contrasta con el estancamiento de proyectos cruciales.
