La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) fue condenada a pagar $30 millones a una magistrada de Rancagua. La sentencia laboral determinó que la entidad vulneró los derechos fundamentales de la jueza a la integridad psíquica, la honra y la no discriminación, al no protegerla adecuadamente del acoso sexual constante por parte del juez Luis Barría Alarcón.
El mismo magistrado Barría fue removido de su cargo por una causa penal paralela, donde también resultó condenado. Este caso se suma a otros incidentes que involucran a Barría, incluyendo una condena confirmada en mayo de este año por la Corte Suprema a 541 días de presidio, con libertad vigilada intensiva, por abuso sexual contra una funcionaria del Juzgado de Garantía de Rancagua.
La condena contra la CAPJ quedó firme en mayo, cuando la Cuarta Sala del máximo tribunal rechazó un recurso de unificación de jurisprudencia presentado por la corporación. Esta decisión ratificó el fallo de primera instancia de la magistrada Yanira González, confirmado luego por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según la sentencia, la jueza fue acosada sexualmente por Barría de forma persistente desde 2016 hasta al menos 2018 en el Juzgado de Garantía de Rancagua. La demanda detalló «miradas y piropos lascivos, acorralamientos, acercamientos físicos, sonidos inapropiados cada vez que se acercaba, comentarios públicos, tanto a ella como a los funcionarios del tribunal, sobre su ropa y su cuerpo».
Esta sentenciadora considera que las medidas adoptadas no han sido suficientes frente a la vulneración de derechos graves de la que tomó conocimiento, amén de que ni siquiera se acreditó el cumplimiento de los programas a los que se había comprometido.
La víctima llegó a modificar su vestimenta para intentar evitar el acoso, llegando al extremo de «estar al pendiente de la distribución semanal de funciones, para verificar los días que no estaba y poder vestir libremente, con la tranquilidad de que no la incomodaría con sus miradas lascivas, acercamientos físicos y comentarios o sonidos inapropiados».
Aunque la CAPJ argumentó haber tomado resguardos en febrero de 2022, el fallo indicó que no se brindó el acompañamiento necesario a la víctima y que el traslado de Barría fue ineficaz. Después de confrontar a Barría por consejo de un ministro visitador, la situación escaló a difamación profesional y personal por parte del acosador.
En 2020, tres funcionarias presentaron denuncias internas contra Barría por acoso, lo que llevó a un sumario administrativo. El juez fue suspendido por tres meses con medio sueldo y trasladado al Juzgado de Familia de San Fernando. La jueza demandante también alegó haber sufrido asedio del entorno de Barría, incluyendo al administrador y otros funcionarios del tribunal.
Este caso subraya las deficiencias en la protección de víctimas de acoso dentro del sistema judicial, y cómo la falta de medidas efectivas por parte de las instituciones puede agravar el daño a los afectados. La condena contra la CAPJ sienta un precedente importante sobre la responsabilidad de los organismos en garantizar un ambiente laboral seguro.
