Tres hombres condenados por la Operación Cerbero, un megaoperativo internacional de 2021 que incautó 3,5 toneladas de marihuana, se han querellado contra el fiscal Maximiliano Krause. Los sentenciados, Francisco Vélez Feijó, César Bolaño Calderón y Carlos Buitrago Ocampo, buscan esclarecer si la investigación que los llevó a la cárcel estuvo contaminada por el uso indebido de credenciales institucionales del Ministerio Público.
La acción legal, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, surge a raíz de la confesión de Krause en 2024. El fiscal de la Fiscalía de Valparaíso admitió haber compartido desde 2021 sus claves del sistema con funcionarios de inteligencia de la Armada, específicamente de la Dirección de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (DIPOLMAR). Esta revelación encendió las alarmas, ya que la DIPOLMAR colaboró con Krause precisamente en la Operación Cerbero.
El abogado Ricardo Bravo, representante de los querellantes, sostuvo que si los funcionarios de la Armada tuvieron acceso a información privilegiada y luego actuaron como testigos, la investigación podría considerarse viciada. “Si los funcionarios de la Armada fueron testigos y también tuvieron acceso a información privilegiada, claramente está contaminada la investigación”, declaró Bravo.
La querella no afirma categóricamente que se haya accedido a la carpeta reservada de Cerbero, sino que busca verificarlo a través de un peritaje informático independiente. Se solicitan registros de accesos, horarios, direcciones IP, equipos, descargas y posibles modificaciones realizadas entre julio de 2021 y marzo de 2024. Además, se pide que Krause declare como imputado y se interrogue a los funcionarios navales involucrados.
El trasfondo de este caso se amplificó en medio de las indagatorias por las filtraciones del caso Monsalve, donde Krause reconoció la facilitación de sus credenciales. Uno de los funcionarios de la Policía Marítima incluso admitió haber ingresado con la cuenta del fiscal a la carpeta del caso Monsalve “por curiosidad”. Estos hechos ya motivaron investigaciones penales y administrativas.
Según el abogado Bravo, la acción legal apunta a determinar la responsabilidad penal del representante del Ministerio Público y evaluar si este desvío del principio de objetividad afectó la compleja investigación. Una eventual “contaminación” de la indagatoria podría, a su juicio, repercutir en una revisión de las sentencias de los condenados. En el Ministerio Público, por su parte, declinaron hacer comentarios sobre el tema.
La querella busca investigar posibles delitos como tráfico de influencias, violación de secreto funcionario, abuso contra particulares, acceso ilícito informático, obtención indebida de datos y obstrucción a la investigación, buscando individualizar a todos quienes usaron las credenciales y aclarar lo ocurrido tanto en Cerbero 1 como en Cerbero 2.
