El senador Matías Walker (Demócratas) solicitó al gobierno el retiro del proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, una iniciativa que, según el parlamentario, ha recibido críticas transversales. Walker insiste en que, antes de avanzar en su tramitación, el Ejecutivo debería realizar un trabajo prelegislativo que permita alcanzar amplios acuerdos.
El objetivo de la reforma es entregar herramientas eficaces para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, el senador cuestiona la decisión de incorporar estas medidas directamente a la Constitución sin contar con un respaldo político robusto. Argumenta que la iniciativa corre el riesgo de ser usada de forma indebida por futuras administraciones, poniendo en peligro la estabilidad democrática del país.
“Yo creo que, después de la crítica transversal que ha habido respecto de la reforma constitucional, lo más aconsejable es que el gobierno retire el proyecto, haga un trabajo prelegislativo y podamos generar las reformas que generen consenso y que sean eficaces para el objetivo de perseguir el crimen organizado”, aseguró Walker.
El senador ya había manifestado previamente su preocupación por ciertos aspectos del proyecto. La semana pasada, tuvo un intercambio de opiniones con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, debido a una cláusula del borrador que buscaba inhabilitar a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales.
La reforma constitucional forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. Este proyecto busca introducir nuevas herramientas para combatir a las organizaciones criminales, entre las que se incluyen un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, regímenes penitenciarios diferenciados, un registro de organizaciones criminales y terroristas, y mayores facultades para incautar bienes vinculados a estas actividades.
Uno de los puntos más debatidos ha sido precisamente el nuevo Estado de Excepción, que facultaría al Ejecutivo para implementar medidas extraordinarias en zonas gravemente afectadas por el crimen organizado. Esta propuesta ha generado reparos por la amplitud de las facultades presidenciales que otorgaría y por las posibles restricciones a ciertos derechos y libertades fundamentales.
Los cuestionamientos a la reforma no se han limitado únicamente a la oposición. La discusión sobre la inhabilitación para recibir prestaciones sociales de condenados por crimen organizado también provocó reparos dentro del propio oficialismo, abriendo un debate acerca de los límites de la reforma y su potencial impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos. La falta de consenso transversal podría complicar aún más la tramitación de esta crucial iniciativa.
