La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), Gloria Hutt, se presentó ante una comisión investigadora de la Cámara Baja para aclarar dudas sobre el funcionamiento de las autopistas concesionadas. En su exposición, Hutt enfatizó que las empresas concesionarias no son las responsables de fijar las tarifas de los peajes.
Esta declaración surge después de que una investigación periodística de julio revelara que el Estado ha recibido cuantiosos beneficios de las segundas concesiones de autopistas desde 2021. Dicho informe detalló que el Fisco obtiene el 100% de los ingresos de tres peajes en la Ruta 60, cerca del 50% en el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5, y el 25% en la Ruta 78. A raíz de estas revelaciones, se conformó una comisión investigadora para revisar los antecedentes de los contratos de concesión de autopistas.
Hutt explicó, según un reporte de prensa de la Cámara, que el sistema opera bajo un modelo de asociación público-privada. En este esquema, el Estado mantiene la propiedad de la infraestructura y define las condiciones de cada proyecto mediante las bases de licitación y los contratos respectivos. Afirmó que los valores de los peajes se establecen durante el diseño inicial del proyecto, formando parte de las condiciones que los inversionistas aceptan al participar en las licitaciones.
Asimismo, la presidenta de COPSA subrayó que los concesionarios carecen de facultades para modificar unilateralmente las tarifas o los periodos de aplicación. Cualquier alteración contractual requiere la intervención de entidades públicas como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
Durante su intervención, Hutt desmintió que las autopistas concesionadas ya estén completamente pagadas y que los cobros actuales representen solo ganancias para las empresas. Aclaró que muchos proyectos aún están en sus periodos de concesión y que los ingresos se destinan a cubrir deudas, costos operativos y otras obligaciones contractuales. También se refirió a las futuras relicitaciones, indicando que no implican una extensión automática de las concesiones originales y pueden incluir nuevas inversiones, siendo el Estado quien decide sobre estas.
En cuanto a la fiscalización, Hutt aseguró que los contratos y la operación de las concesiones están bajo controles permanentes, con inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas. Tras su exposición, los diputados formularon preguntas sobre temas como las multas municipales asociadas al uso de vías, la necesidad de reforzar la televigilancia para prevenir delitos como las encerronas y la posibilidad de reducir las tarifas de los peajes. También manifestaron preocupación por el deterioro de las caleteras, que limita su uso como rutas alternativas.
