El Servicio Local de Educación Pública (Slep) Santiago Centro presentó una querella criminal por los delitos de ocupación ilegal, retención forzosa y amenazas. La acción judicial surge a raíz de los incidentes registrados el pasado jueves 13 de agosto en el Liceo 1 Javiera Carrera de Santiago, donde un grupo de estudiantes se movilizó al interior del establecimiento.
La querella, interpuesta contra quienes resulten responsables, detalla que integrantes del equipo directivo del liceo fueron retenidas contra su voluntad dentro de las dependencias. Un comunicado oficial del Slep también confirmó que se produjeron situaciones de amenaza e intimidación durante la movilización.
“Frente a este escenario, se adoptaron medidas para restablecer las condiciones de seguridad dentro del establecimiento, incluyendo la oportuna intervención de Carabineros para proceder al desalojo cuando las circunstancias así lo requirieron”
Este escrito, al que tuvo acceso La Radio, subraya la gravedad de los hechos. Como consecuencia directa de lo ocurrido el jueves por la mañana, las autoridades del Liceo 1 Javiera Carrera decidieron suspender las clases presenciales durante la tarde de esa jornada y también durante todo el viernes 14 de agosto. Además, se instruyó que las actividades académicas se realicen de forma telemática los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19.
Paulina Retamales, directora ejecutiva del Slep Santiago Centro, enfatizó la prioridad de recuperar la normalidad en las aulas. “Nuestro foco ahora es recuperar las clases. No queremos que hechos como los ocurridos terminen afectando el derecho a la educación de las estudiantes. Por eso hemos dispuesto temporalmente clases online y estamos trabajando para recuperar las condiciones que nos permitan volver a la presencialidad de manera segura y en el menor plazo posible”, declaró.
Por su parte, Pedro Larraín, director nacional subrogante de la Dirección de Educación Pública, manifestó un categórico rechazo a este tipo de acciones en contextos escolares. “Este tipo de hechos no son tolerables en ningún contexto escolar. Retener por la fuerza a integrantes de un equipo directivo, amenazar o intimidar son actos de violencia que vulneran gravemente la convivencia”, sostuvo.
Larraín añadió que “la educación pública necesita recuperar con fuerza su propósito fundamental: que las y los estudiantes aprendan, y para eso es indispensable respetar la autoridad pedagógica”. Los hechos marcan un precedente sobre la necesidad de establecer límites claros en las movilizaciones estudiantiles para garantizar la seguridad y el derecho a la educación.
