Seis importantes hospitales de Estados Unidos han cesado los tratamientos de transición de género en adolescentes, una medida que activistas califican de “devastadora”. Este cambio surge tras una prolongada investigación del Departamento de Justicia estadounidense, impulsada por la administración de Donald Trump.
La investigación se centró en posibles infracciones legales relacionadas con la facturación y un supuesto fraude al consumidor. El fiscal general Todd Blanche declaró la semana pasada que “los hospitales que se aprovechan de los niños para realizar estas prácticas y luego obtienen pagos fraudulentos por los procedimientos tendrán que rendir cuentas”.
Desde la presidencia de Trump, numerosos centros de salud que ofrecían estos tratamientos a jóvenes han detenido la práctica, alegando presiones. Un informe de la administración sugirió que los hospitales facturaban incorrectamente a las aseguradoras para obtener mayores reembolsos de programas federales y aseguradoras privadas.
Aunque varios hospitales negaron haber cometido irregularidades, estos centros aceptaron detener los tratamientos, pagar multas y ofrecer atención médica gratuita a expacientes que deseen tratar efectos secundarios o revertir la transición de género.
Representantes de algunos hospitales justificaron el acuerdo para evitar “largas batallas legales” con el gobierno federal y la divulgación de datos personales de sus pacientes. Sin embargo, los críticos argumentan que el Departamento de Justicia “actuó de mala fe”, utilizando cuestiones financieras para “intimidar a los hospitales”.
“Es devastador ver cómo, una a una, las instituciones sanitarias que antes atendían a jóvenes trans les dan la espalda”, afirmó Raquel Willis, directora ejecutiva del grupo activista Movimiento de Liberación de Género.
La decisión marca un precedente significativo en el debate sobre los tratamientos de transición de género para adolescentes en EE.UU., con implicaciones para la comunidad trans y el sistema de salud.
