Los recientes cambios al impuesto territorial, aprobados en el Congreso, representan un paso adelante en la transparencia del sistema. Estos permiten a los propietarios acceder a información sobre cómo el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el avalúo fiscal de sus propiedades. Sin embargo, la verdadera complejidad no reside en el cálculo en sí, sino en las decisiones que lo fundamentan.
Un contribuyente puede reconstruir matemáticamente el valor asignado a su terreno, incluyendo el valor por metro cuadrado, la superficie y los coeficientes aplicados. Pese a esto, la pregunta central persiste: ¿por qué el SII llegó a ese valor específico y no a otro? Este es el núcleo de la “caja negra” del impuesto territorial, donde la discrecionalidad en la selección de datos juega un papel crucial.
Para realizar los reavalúos, el SII utiliza diversas fuentes como compraventas y tasaciones del mercado inmobiliario. No obstante, las propiedades en un mismo sector pueden variar significativamente debido a diferencias en capacidad constructiva, operaciones entre relacionados, ventas bajo condiciones excepcionales o precios atípicos. Esto obliga al SII a seleccionar y corregir operaciones, descartando aquellas que considera poco representativas.
La selección de estas operaciones es de vital importancia. Si se escogen cinco compraventas distintas para determinar el valor de una zona, el resultado del avalúo fiscal, y por ende las contribuciones de cientos o miles de propiedades, podría cambiar drásticamente. La nueva normativa permite conocer las muestras utilizadas, pero aún falta acceso a las operaciones descartadas y, crucialmente, las razones detrás de dichas exclusiones. Sin esta información, la fórmula puede ser transparente, pero la decisión que la alimenta sigue siendo opaca.
Un elemento adicional, menos conocido pero de gran impacto, es el “factor de distancia o seguridad”. Este factor evita que el SII aplique directamente el valor comercial estimado al avalúo fiscal, introduciendo un margen. En los últimos reavalúos no agrícolas, este factor ha sido de 0,6, lo que significa que el valor fiscal se aproxima al 60% del valor de mercado estimado por la autoridad.
La existencia de un margen prudencial es razonable, pero la justificación de que sea precisamente un 60% requiere una explicación clara. Un cambio mínimo, como pasar de un factor de 0,5 a 0,6, implica un aumento del 20% en el valor fiscal resultante, si las demás variables se mantienen constantes. Surgen interrogantes clave: ¿Quién define este porcentaje? ¿Qué estudios lo sustentan? ¿Qué condiciones justificarían su modificación en futuros reavalúos?
Estas preguntas son relevantes, dado que el SII determina la base de un impuesto que afecta el patrimonio de millones de personas. Por tanto, sus decisiones metodológicas deberían ser accesibles, comprensibles y susceptibles de ser cuestionadas. La verdadera transparencia del impuesto territorial no se mide por la cantidad de datos publicados, sino por la capacidad de un propietario para entender cómo y por qué el Estado llegó al avalúo asignado a su propiedad.
La tasa de las contribuciones está en la ley. Pero una parte fundamental de cuánto termina pagando cada persona se define antes, cuando administrativamente se determina cuánto vale su inmueble para efectos fiscales. Por eso, transparentar los datos es un avance, pero lo verdaderamente importante es transparentar las decisiones. Si queremos terminar con la caja negra de las contribuciones, no basta con abrir una ventana. Hay que abrirlas todas.
La clave para una transparencia plena reside en desvelar no solo los cálculos, sino también los criterios y decisiones que los sustentan. Solo así se podrá desmantelar por completo la opacidad que aún rodea al impuesto territorial.
