La discusión sobre la Ley de Reconstrucción Nacional se acerca a su desenlace tras cuatro meses de tramitación. Este lunes, la Cámara Baja votará los tres vetos presidenciales del Ejecutivo, mientras que el próximo jueves, el Tribunal Constitucional (TC) escuchará los alegatos de la oposición y el Gobierno.
El TC ya habilitó el proceso para recibir audiencias públicas de diversas partes interesadas, con las primeras citas programadas para este miércoles a partir de las 9 de la mañana. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, destacó el extenso trabajo jurídico detrás de la presentación opositora, que involucró a una docena de abogados constitucionalistas de distintos partidos.
“Lo que ha hecho la oposición es pedirle al tribunal que se pronuncie. Nosotros hicimos una presentación fundada, después de muchos análisis jurídicos de nuestros abogados y, por lo tanto, será ese tribunal el que en derecho tendrá que fallar”, remarcó Vodanovic, desestimando críticas sobre el uso político del TC.
Los argumentos centrales de la oposición, detallados por la abogada constitucionalista Leslie Sánchez, exintegrante de la Comisión Experta, se centran en la invariabilidad tributaria y la indemnización a empresas con proyectos rechazados. Sánchez criticó la creación de un régimen tributario alternativo a largo plazo que limita la capacidad del Congreso y futuros gobiernos para revisar estos contratos, que afectan tanto a inversiones privadas como nacionales y extranjeras.
La militante PPD también cuestionó la restitución de fondos cuando existe una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) negativa, especialmente si se debe a una falta o error del propio empresario. Señaló que el procedimiento establecido para determinar los montos a indemnizar “vulnera todos los principios y garantías constitucionales del debido proceso”.
En contraste, el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, uno de los defensores del Gobierno ante el TC, prefirió no adelantar sus argumentos públicamente. La estrategia de la defensa gubernamental se basa en que Chile ya posee múltiples regímenes tributarios sin generar discriminación arbitraria, y que las indemnizaciones fueron cuidadosamente diseñadas para no interferir con la independencia de los tribunales ambientales.
Desde el Senado, el independiente-RN Rojo Edwards criticó al TC, afirmando que “el Tribunal Constitucional debe entender que no es una tercera cámara política; que sus resoluciones tienen que ser defendiendo el espíritu de la Constitución y no las ideas políticas que puedan tener los jueces”.
Paralelamente, la Cámara Baja votará los vetos gubernamentales que buscan eliminar la prohibición del anatocismo (cobro de interés sobre interés), el denominado “olvido financiero” y la obligación de pago a las pymes en 30 días. La presidenta del Banco Central, Rossana Costa, advirtió sobre las “diversas consecuencias negativas” de prohibir el interés compuesto, como tasas más altas, cambios en comisiones o menores plazos crediticios.
El diputado socialista Daniel Manouchehri, autor del proyecto ‘Chao Dicom’ que busca eliminar deudas extintas del registro financiero, negó que la eliminación del anatocismo fuera perjudicial para los deudores y la economía en general.
