El Ejecutivo se alista para presentar una reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante este agosto, buscando redefinir drásticamente su rol. La propuesta, actualmente bajo revisión de expertos, pretende transformar el organismo en una entidad primordialmente consultiva, eliminando su capacidad de interponer querellas.
La iniciativa se fundamenta, según fuentes del gobierno, en la experiencia comparada internacional y los Principios de París, que establecen estándares para instituciones de derechos humanos. Este anteproyecto fue desarrollado por la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ya adelantó en la Cámara de Diputadas y Diputados la intención de ingresar el proyecto al Congreso en las próximas semanas. Rabat ha calificado repetidamente como una “anomalía” la facultad del INDH para querellarse, un punto que generó un tenso intercambio con el director del INDH, Yerko Ljubetic, en la comisión de Derechos Humanos.
Sin embargo, la tramitación en el Congreso enfrenta interrogantes sobre su rapidez. La reforma coexistirá con la agenda de seguridad y el inicio próximo de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, lo que podría ralentizar su avance.
Ante este panorama, la diputada Ximena Ossandón (RN) sugirió una posible solución: refundir la reforma del Ejecutivo con una moción parlamentaria ya en trámite. Esto podría agilizar el proceso legislativo.
Por otro lado, el diputado Stephan Schubert (REP) expresó optimismo, señalando que una adecuada coordinación de los tiempos legislativos por parte del gobierno podría evitar que la agenda de seguridad obstaculice otras iniciativas relevantes.
El debate sobre la redefinición del INDH promete intensificarse una vez que el gobierno oficialice el ingreso de su propuesta al Parlamento, marcando un hito en la política de derechos humanos del país.
