La oposición en la Cámara de Diputados advierte que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno avanza con el proyecto que crea el Registro Único de Actos Vandálicos e Incivilidades. La acusación principal es que la iniciativa establece un «doble castigo» para quienes ya han sido condenados por la justicia, lo que sería inconstitucional.
El proyecto, que ha generado un fuerte debate, quedó listo para ser votado en general por la Comisión de Seguridad Ciudadana, luego de concluir su fase de audiencias. Durante esta etapa, se escuchó a más de una veintena de instituciones y especialistas, quienes, según la oposición, no respaldaron la propuesta gubernamental.
Uno de los puntos más cuestionados por los expertos es la sanción de pérdida del acceso a la gratuidad universitaria. Osvaldo Corrales, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y rector de la Universidad de Valparaíso, alertó sobre las posibles consecuencias negativas.
“La medida, en nuestra opinión, puede generar una exclusión económica, deserción y debilitamiento de la reinserción, produciendo incluso efectos contrarios a aquellos que se buscan”, señaló Corrales, enfatizando que esta sanción no afectaría de igual manera a quienes pueden costear sus estudios, creando una desigualdad práctica.
Desde Unicef Chile, Candy Fabio, oficial de Protección de la Infancia, expresó su preocupación por los efectos indirectos en niños, niñas y adolescentes del entorno familiar de las personas registradas. Además, destacó la inexistencia de antecedentes de legislaciones similares a nivel internacional.
“No hay registro de este tipo que involucre a niños, niñas o adolescentes; de hecho, no hemos encontrado registros tampoco de adultos. Sobre todo considerando que lo que existe es contar con una edad mínima respecto de los adolescentes que cometen delitos, con privaciones de libertad respecto de delitos graves”, afirmó Fabio.
El académico Diego Hernández, del Departamento de Estudios Públicos de la Universidad de Santiago, diferenció esta iniciativa de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo del Ejecutivo, aclarando que el registro de vándalos no forma parte de esta última.
“El registro de vándalos va por cuerda separada. Esto está asociado a organizaciones criminales y el registro de vándalos es más bien una sanción social en la participación de ciertas acciones o conductas”, explicó Hernández.
Al término de las audiencias, el diputado socialista Raúl Leiva, jefe de bancada, sostuvo que ninguno de los 21 invitados se mostró a favor del proyecto y reiteró que las objeciones de constitucionalidad son graves. Concluidas las exposiciones, la Comisión de Seguridad Ciudadana tiene programado votar en general la propuesta en su próxima sesión, manteniendo abierta la posibilidad de que la oposición recurra al Tribunal Constitucional, como ya ha ocurrido con otras iniciativas polémicas.
