El Gobierno celebra la aprobación en el Senado de la ley que busca sancionar los denominados “pelotazos” en las cárceles del país, un delito que implica el ingreso de elementos prohibidos a recintos penitenciarios mediante lanzamientos. Sin embargo, pese al valor de la normativa, diversas voces advierten que el verdadero desafío radica en desarticular las redes criminales que operan detrás de esta práctica.
La iniciativa, que ya fue despachada a ley, modifica el Código Penal y establece que bastará con acreditar el lanzamiento o el intento de ingreso para iniciar una investigación penal, simplificando el proceso judicial. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, destacó que la medida apunta a un mayor control dentro de los penales y a fortalecer la seguridad. En la misma línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, enfatizó que esta administración no tolerará tales prácticas.
“No son una respuesta suficiente para el fenómeno que estamos enfrentando”.
Christian Alvear, exdirector de Gendarmería.
Christian Alvear, exdirector de Gendarmería, señaló que esta problemática es recurrente en los sistemas penitenciarios desde hace años. Aunque valoró la sanción, advirtió que una ley de este tipo por sí sola no erradicará el delito de manera automática. El docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, concordó con esta visión, asegurando que para erradicar este delito es fundamental desmantelar la estructura criminal que lo organiza. A su juicio, quien realiza el lanzamiento suele ser el eslabón más bajo de la cadena.
“Ya es la última o la parte más baja del eslabón. Lo que tendría que buscarse es poder subir a la cadena y desarticular a la red que se encuentra detrás y que provoca delitos, tales como el lanzamiento en este caso”.
Diego Muñoz, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.
La nueva ley contempla penas que van desde los 61 días hasta los tres años de presidio. No obstante, el castigo se agravará si el objeto introducido compromete la seguridad del penal, pone en riesgo la integridad de las personas, facilita la fuga de un interno o implica la participación de un trabajador del servicio penitenciario, buscando así una mayor disuasión y consecuencias para actos de mayor gravedad.
