El debate político actual pone en relieve la tensión entre la retórica de la libertad y su aplicación práctica. La máxima de Voltaire sobre la defensa de la libertad de expresión, aunque pilar de la civilización, debe medirse por la coherencia ética de su ejercicio. No es admisible usarla para validar proyectos que suprimen esa misma libertad en otros lugares del mundo.
Existe una clara falta de coherencia cuando se exige máxima tolerancia institucional dentro del Estado de Derecho a nivel local, pero se mantiene un silencio cómplice o una justificación abierta frente a regímenes dictatoriales internacionales. Estos regímenes persiguen opositores, encarcelan disidentes y eliminan la prensa libre y la libertad de expresión. La defensa de los derechos fundamentales pierde su moralidad al aplicarse con una doble vara.
Esta asimetría también se observa al interpretar la historia reciente de América Latina. Es cuestionable importar análisis estadísticos sobre violencia política de Estados Unidos, como el estudio del Center for Strategic and International Studies, para comprender la realidad continental, ignorando cuarenta años de evidencia.
Las secuelas del terrorismo urbano y rural en la región, promovido y financiado por orientaciones de extrema izquierda a través de guerrillas y grupos insurreccionales entrenados en Cuba, no son una abstracción. Son una dura realidad que durante los últimos sesenta años ha dejado cicatrices profundas en la estabilidad institucional de nuestros países.
En el caso de Chile, el país estuvo al borde de la destrucción con el intento golpista insurreccional iniciado en octubre de 2019. Este episodio fue incluso celebrado por algunos sectores, llegando al extremo de rendir homenaje en el Congreso Nacional a los responsables de intentar destruir el país.
El problema subyacente es un persistente relativismo moral. Se califica la violencia como “idealismo” o “lucha social” cuando proviene de grupos afines, mientras que cualquier respuesta institucional para contenerla se tilda de persecución. Cuando la democracia pierde la capacidad de nombrar la violencia política por su nombre, se desarma frente al extremismo.
A modo de recordatorio histórico, la Ley de Defensa de la Democracia fue promulgada en 1948, aprobada en el Senado por 22 votos a favor y 5 en contra, y en la Cámara de Diputados por 91 votos a favor y 22 en contra. Las mayorías en ambas cámaras incluyeron votos de parlamentarios de diversos sectores, no solo derechistas.
En el siglo XXI, la verdadera frontera política no es entre izquierda o derecha, sino entre quienes adhieren a la democracia representativa —con alternancia en el poder, contrapesos institucionales y respeto a minorías— y quienes abrazan o justifican el totalitarismo. Las democracias maduras no se basan en la ingenuidad, sino en su capacidad para establecer límites claros: la violencia no tiene cabida y el respeto a la libertad exige, ante todo, coherencia.
Este contraste se ev
