Una mujer de 87 años fue desalojada por la fuerza de su domicilio en el centro de Madrid, un evento que ha desatado una ola de indignación y críticas de las autoridades en España. Maricarmen Abascal, quien residió en la calle Alcalde Sainz de Baranda durante al menos 70 años, fue desahuciada de su hogar este miércoles.
“He vivido aquí durante 71 años y no quiero irme”, declaró Maricarmen a los reporteros mientras era evacuada. En menos de 30 minutos, la mujer fue sacada de su vivienda en una camilla por agentes de policía con trajes antidisturbios y trasladada a una ambulancia. Decenas de manifestantes protestaron detrás del cordón policial al grito de “Maricarmen, no estás sola” y “¡Asesinos!”.
La situación ha puesto en el centro del debate la grave crisis de vivienda que atraviesa España. En este caso particular, la anciana no pudo afrontar la elevada renta del apartamento, luego de que la propiedad pasara a manos de un fondo de inversiones.
La abogada de la mujer, Beatriz Duro, explicó que la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión rechazó las propuestas del equipo legal y las solicitudes para aplazar la salida de Maricarmen de la propiedad.
El incidente ha provocado una fuerte reacción en el país europeo, con manifestaciones en las principales ciudades y un pronunciamiento del presidente Pedro Sánchez. Desde Estados Unidos, Sánchez aludió directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país ni, por supuesto, tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y creo que es muy importante también recordar que si hay administraciones competentes en la materia de la protección social de personas vulnerables en el ámbito de la vivienda, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas y, desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid están más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza.
Según reportó el medio DW, España se encuentra dividida sobre cómo abordar el empeoramiento de la crisis habitacional. El Gobierno de coalición de izquierda ha impulsado medidas de mayor protección para los inquilinos y controles más amplios sobre los alquileres, aunque enfrenta dificultades para aprobar estas iniciativas debido a la división parlamentaria.
Por otro lado, el Gobierno regional de Madrid, bajo el liderazgo del Partido Popular, defiende un modelo más orientado al mercado. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, precisamente, está actualmente envuelta en una polémica por la compra de propiedades de lujo valoradas en 6,3 millones de euros (7,2 millones de dólares).
