La Fiscalía Metropolitana Centro Norte y Carabineros iniciaron una profunda indagación en el Instituto Nacional. El objetivo es desentrañar un presunto intento de ocultar evidencias cruciales tras los recientes ataques incendiarios que sacudieron el emblemático establecimiento educacional.
Las pesquisas apuntan a un grupo de entre ocho y diez encapuchados, quienes, según la investigación, habrían quemado los overoles blancos y otras prendas utilizadas durante los violentos incidentes. Este hecho se suma a la escalada de violencia que afecta a varios liceos emblemáticos de Santiago.
Los involucrados, tras lanzar bombas molotov contra efectivos de Carabineros al salir del recinto, reingresaron al patio del Instituto Nacional. Allí, habrían encendido una nueva fogata con el fin de incinerar sus vestimentas y, aparentemente, eliminar cualquier rastro que pudiera incriminarlos o entorpecer la investigación en curso.
El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, enfatizó la gravedad de estos actos. Señaló que la quema de evidencias no es solo un encubrimiento, sino que constituye un delito específico de obstrucción a la investigación. “Estamos esperando que el Ministerio Público instruya estas diligencias para canalizar esa investigación”, afirmó Guerrero.
Carabineros ha recopilado diversas pruebas en el lugar de los hechos y trabaja intensamente con registros de cámaras corporales de los funcionarios policiales. El objetivo es reconstruir la secuencia exacta de los eventos e identificar a los responsables de estos actos. Hasta el momento, no se han registrado detenciones.
El persecutor de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Felipe Olivarí, detalló que los daños al interior del Instituto Nacional fueron avaluados en 1 millón 600 mil pesos. Asimismo, destacó que no es la primera vez que ocurren incidentes de esta magnitud, indicando que las diligencias se extienden en el tiempo dada la recurrencia de los hechos.
Ante la gravedad, el Gobierno presentó una querella por los delitos de lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes e incendio, comprometiéndose a aplicar “todo el peso de la ley”. A esta acción se sumó una querella del SLEP Santiago Centro, que denunció la posible participación tanto de estudiantes como de individuos externos al establecimiento.
Estos incidentes se insertan en un contexto de creciente violencia en recintos educacionales. Solo este miércoles, un grupo de cerca de 15 encapuchados salió desde el Liceo Barros Borgoño e incendió una de las puertas de acceso, obligando a suspender las clases y el despacho anticipado de estudiantes debido a la presencia de gases lacrimógenos en el sector.
