La Moneda observa con preocupación la estrategia de la oposición para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en diferentes proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Esta ofensiva judicial encendió las alarmas luego de un precedente en la Ley de Escuelas Protegidas, donde el TC declaró inconstitucionales tres de los cuatro artículos impugnados por la izquierda.
Aunque el gobierno mira con cierto optimismo ese caso, ya que el fallo no fue unánime sino producto de un empate entre los ministros del TC, el anuncio de un nuevo requerimiento por el proyecto de Reconstrucción Nacional elevó la preocupación. Existe el temor de que lo ocurrido en Escuelas Protegidas sirva como antecedente para rechazar otros aspectos clave.
En el caso de Escuelas Protegidas, se declaró inconstitucional el artículo que establecía la pérdida del beneficio de gratuidad para estudiantes con condenas por violencia. Este mismo principio podría afectar al Registro Único de Vándalos e Incivilidades, que también contempla la inhabilitación de la gratuidad para quienes figuren en ese listado.
Otro proyecto en riesgo es el que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Este establece que los jóvenes sancionados o expulsados de sus colegios por desmanes pierden prioridad en el SAE al postular a otro recinto, una normativa que podría ser impugnada bajo el mismo argumento.
Este miércoles, en entrevista con Radio Infinita, el biministro Claudio Alvarado desdramatizó la situación y aseguró que el TC evalúa caso a caso y dijo: “No me gustaría pensar que las decisiones del Tribunal tienen un predominio por preferencias políticas, porque sería desnaturalizar su propia función y que la institución vaya perdiendo su prestigio”.
Sobre los eventuales futuros requerimientos, Alvarado minimizó su importancia. Señaló que “muchos de los temas son debatibles, pero lo importante es que cuando se presenten los argumentos, exista la objetividad suficiente y necesaria para resolver en consecuencia”.
Paralelamente, el oficialismo anunció iniciativas legislativas para reformar la institucionalidad del TC. Uno de estos proyectos busca modificar el mecanismo de composición de los integrantes del Tribunal, mientras que el otro apunta a reformar la normativa para que la presidencia del TC no tenga voto dirimente en caso de empates.
El diputado libertario Pier Karlezi criticó duramente la situación, asegurando que era previsible. “Pasa lo que era lógico que pasara. El TC está haciendo un arma, un brazo armado del Frente Amplio. La presidenta está pagando favores políticos al presidente por dejarla en ese puesto. No me sorprende para nada el fallo dirimente que siempre sea para ese lado”, sentenció.
Por su parte, desde la izquierda, el diputado Carlos Bianchi defendió las acciones de la oposición, atribuyéndolas a la falta de diálogo y disposición a los acuerdos por parte del gobierno. “Es que estos son discursos o posiciones absolutamente estériles. Son mensajes políticos de un sector a otro. Yo creo que lo relevante es hacer que el Tribunal Constitucional cumpla su rol y estos juicios de dimes y diretes, la verdad es que no son conducentes a nada”, puntualizó Bianchi.
La disputa en el Tribunal Constitucional continúa marcando la agenda política.
