La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), a través de su presidenta, la jueza Mariela Hernández, ha alzado la voz contra la Corte Suprema por la reapertura de cuadernos de remoción que afectan a magistrados investigados por viajes al extranjero bajo licencia médica. La dirigenta expresó su profunda preocupación ante la interpretación del artículo 80 de la Constitución, instando a su eliminación, y anunció la presentación de un reclamo formal ante el Tribunal Constitucional (TC).
Hernández puntualizó que la situación genera «más que molestia, es una preocupación» en el gremio. Explicó que esta inquietud nace de la peculiar interpretación que la Corte Suprema ha dado al artículo 80, utilizando dicha facultad para reevaluar la idoneidad de jueces en casos donde las investigaciones ya habían concluido, e incluso algunas sanciones ya se habían cumplido.
La presidenta de la ANMM subrayó que los procesos originales se iniciaron bajo el Acta 108 de 2020, un acuerdo emitido por la misma Corte Suprema. Por ello, consideró incongruente y grave que ahora se decida reabrir estos expedientes.
«No defendemos conductas irregulares, defendemos un debido proceso y creemos que se borra con el codo lo que escribieron en el auto acordado, porque se vuelven a revivir antecedentes. Eso pone en riesgo uno de los valores principales que nuestro ordenamiento jurídico tiene, que es el valor de la cosa juzgada, la certeza jurídica, y para qué decirle lo grave que puede ser esto para el Estado de Derecho», enfatizó.
Al ser consultada sobre la pertinencia de iniciar nuevos procedimientos invocando el artículo 80 tras la conclusión de las indagatorias iniciales, Hernández fue categórica. Afirmó que esta acción constituye un «doble juzgamiento», dado que las investigaciones previas se llevaron a cabo conforme al Acta 108. La jueza precisó que la única prerrogativa de la Corte Suprema en estos casos era la revisión de causas que hubieran sido objeto de recursos de apelación.
En cuanto a las acciones futuras, Mariela Hernández detalló que la ANMM ha firmado un acuerdo con el reconocido abogado Ciro Colombara para proporcionar representación individual a los jueces afectados que así lo requieran. Paralelamente, la asociación trabaja con otro equipo de juristas para agotar todas las vías legales internas, incluyendo el Tribunal Constitucional, antes de considerar la posibilidad de recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Más allá de las acciones legales, la presidenta de la ANMM sugirió que este controversial caso reactiva el debate sobre la eventual supresión del artículo 80. Hernández enfatizó la necesidad de una reforma en el sistema judicial que establezca «claramente los procedimientos y mecanismos de sanción». Critica que, en este escenario, la Corte Suprema parece haber «dado toda una vuelta» para reabrir los cuadernos de remoción, posiblemente por «no gustarles el resultado de los procesos disciplinarios» originales.
Finalmente, la jueza Hernández reiteró que el objetivo de la asociación no es justificar el mal uso de licencias médicas, sino asegurar que cualquier sanción se aplique dentro del marco del debido proceso. «Si hizo mal uso de licencia, eso se tiene que sancionar», aseveró, reconociendo que la remoción podría ser una medida adecuada en ciertos casos de uso indebido, «siempre en la medida que eso se establezca en un debido proceso». La disputa entre el gremio y la Corte Suprema promete escalar, con implicaciones significativas para la independencia judicial y la certeza jurídica en el país.
