La preocupación por la crisis del sector forestal crece en la provincia de Bío Bío. Los alcaldes de Quilaco y Mulchén han alzado la voz para solicitar al Gobierno la implementación de medidas urgentes, incluyendo alianzas público-privadas, con el objetivo de frenar la preocupante ola de despidos que afecta a la zona.
Se estima que entre 600 y 700 trabajadores han sido recientemente desvinculados de sus puestos. Esta grave situación, según fuentes del sector, obedece a múltiples factores. Entre ellos, se mencionan los devastadores incendios forestales, el constante incremento en el costo de los combustibles y una notoria disminución en la demanda y el precio de la celulosa y la madera aserrada.
Pablo Urrutia, alcalde de Quilaco y actual presidente de los municipios cordilleranos de la provincia de Bío Bío, expresó su inquietud. Subrayó que la situación en el ámbito forestal, marcada por las desvinculaciones en los diversos grupos y gremios, es una prioridad para las autoridades locales.
El edil quilaquino enfatizó la necesidad de un enfoque colaborativo. Para Urrutia, es fundamental que el sector forestal, el mundo privado y el Estado de Chile trabajen conjuntamente. El objetivo primordial es brindar apoyo a los afectados y revitalizar la actividad, evitando así que la sangría de empleos continúe.
Por su parte, José Miguel Muñoz, jefe comunal de Mulchén, manifestó una profunda preocupación por el aspecto humano de esta crisis. Para el alcalde mulchenino, las frías cifras de despidos esconden un drama social que no puede ser ignorado.
Muñoz añadió que, a su juicio, la combinación de la violencia, tanto urbana como rural, junto con la desaceleración económica, está teniendo un efecto devastador sobre el empleo a nivel local.
Ante este panorama, ambos alcaldes han hecho un llamado categórico al Gobierno. Urgen a las autoridades nacionales a reaccionar con celeridad, implementar acciones concretas para proteger las faenas forestales y activar subsidios directos que permitan la reactivación de la contratación laboral en la provincia de Bío Bío. La solicitud busca revertir la tendencia y asegurar la estabilidad económica de las familias afectadas.
