Estados Unidos (EEUU) acusó formalmente a 40 países, entre ellos Chile, de ser puntos de «alto riesgo» para el transbordo ilegal de mercancías chinas. Esta práctica permitiría a China evadir los aranceles y tarifas impuestas por la administración de Donald Trump.
La denuncia se plasmó en un documento de la Casa Blanca titulado «The Great Transshipment Scam» (La Gran Estafa del Transbordo), que compara la situación con el Caballo de Troya, alertando sobre un «desafío creciente del transbordo ilegal de mercancías a través de terceros países para evadir tarifas aplicables y otras medidas comerciales».
Según el informe, tras las tarifas impuestas a China en 2018, «los productos que antes se trasladaban directamente de China a EEUU, se enviaron a través de jurisdicciones donde el ensamblaje, terminaciones, re empaquetado, re etiquetado o cambio de documentación puede crear la apariencia de una nación de origen diferente».
Los 40 países acusados se dividen en tres categorías, según sus características y la profundidad de su vínculo con el comercio chino. El nivel 1 incluye a naciones con grandes volúmenes de mercancías chinas y plataformas de exportación significativas a EEUU. En este grupo se encuentran Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán.
El nivel 2 abarca a países con volúmenes considerables de transbordo, con una integración más profunda en las cadenas de suministro o canales de reencaminamiento con China. Aquí se mencionan a Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam.
Chile fue ubicado en el tercer nivel. Este grupo corresponde a economías «más pequeñas» con menores volúmenes de transbordo, pero que son consideradas «objetivos oportunistas» para China. Esto se debe a «ventajas específicas» como bajos costos laborales, zonas francas permisivas, acceso a puertos estratégicos, depósitos aduaneros, capacidad aduanera limitada, operaciones de ensamblaje especializadas o acceso preferencial al mercado estadounidense.
En este mismo segmento, junto a Chile, figuran otras economías latinoamericanas como Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Panamá. El informe explica que esta clasificación ayuda a «identificar dónde se debería concentrar la atención de las autoridades, basado en la magnitud del comercio con China, la profundidad en la integración con cadenas de suministro vinculadas al país asiático y la presencia de ventajas derivadas de debilidades».
Además, Chile es nuevamente señalado como parte de los «corredores latinoamericanos» —junto a Argentina, Brasil, Colombia y Perú— que facilitan el cambio de rutas de las exportaciones chinas entre los océanos Pacífico y Atlántico. Estos países también servirían como puntos de almacenamiento fiscalizado y ensamblaje regional, lo que agrava las sospechas de Washington.
