El grupo empresarial Gloria, propietario de varias compañías como Soprole y con presencia en diversos países de la región, reconoció haber abonado 200.000 euros al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2024.
Este desembolso, revelado en un informe de la Policía española, se efectuó para que el exmandatario intercediera ante las autoridades de Bolivia. El objetivo era resolver una indemnización pendiente de pago que afecta a una de sus filiales.
La admisión de Leche Gloria S.A. se produjo en respuesta a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, la cual había solicitado explicaciones tras publicaciones periodísticas que vinculaban a Zapatero con gestiones en favor del conglomerado peruano en el país andino.
En su comunicación al regulador peruano, el grupo con sede en Lima detalló que la intervención de Rodríguez Zapatero buscaba que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de sus filiales en Bolivia, recibiera la compensación que se le adeuda desde hace dieciséis años. Este monto proviene de la expropiación del 33% de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de la que Soboce era accionista.
La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente.
El Grupo Gloria enfatizó que la función del exgobernante no fue «interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia», una insinuación que calificó de «interesada» y que «Soboce rechaza tajantemente». La compañía precisó que Rodríguez Zapatero brindó asesoría en «diversos aspectos comunicacionales e institucionales» relacionados con este proceso.
Defendiendo la legalidad de la contratación, la empresa sostuvo que la información difundida por los medios «no recoge información exacta» y rechazó cualquier versión sobre una supuesta influencia del expresidente español en decisiones judiciales o políticas.
Según Gloria, la intervención de Rodríguez Zapatero se limitó a «facilitar espacios de diálogo» entre sus representantes y las autoridades bolivianas, buscando una solución negociada al conflicto por la expropiación de las acciones de Fancesa.
Un anexo enviado también a la SMV por Soboce explica que la controversia se originó en 2010, cuando el Estado boliviano expropió el 33,34% de sus acciones en Fábrica Nacional de Cemento S.A. Aunque la norma establecía un plazo de 180 días para el pago de la indemnización, la empresa asegura que, dieciséis años después, la compensación sigue pendiente.
Soboce estima que la deuda asciende a unos 296 millones de dólares, lo que ha llevado a la compañía a iniciar acciones legales tanto en Bolivia como a través de un arbitraje internacional.
Finalmente, Gloria aseguró a la SMV que estas publicaciones periodísticas no tendrán un impacto económico ni financiero sobre sus empresas reguladas por el mercado de valores peruano. Añadió que sus órganos de gobierno no han elaborado informes especiales ni adoptado acuerdos relacionados con la controversia, y no prevén efectos materiales en sus estados financieros, considerando que la información remitida es suficiente para esclarecer los hechos.
