El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) ha encendido las alarmas al cuestionar duramente los cobros asociados al TAG y a los peajes en diversas rutas nacionales. El parlamentario se refirió a esta situación tras un reportaje de BBCL Investiga que destapó el denominado “impuesto encubierto” que, según la investigación, estarían pagando los usuarios, con recursos que terminarían en las arcas del Fisco mediante los segundos contratos de concesiones.
Mulet, quien es autor de un proyecto de ley para eliminar las multas relacionadas con el TAG, afirmó que “tanto en el TAG como en los peajes en muchos lugares se está pagando un valor de nuevo”. Explicó que la concepción original de estos cobros era financiar la construcción de autopistas o carreteras urbanas, recuperando la inversión en un plazo definido. Sin embargo, el legislador lamentó que “el problema es que se han ido renovando estos contratos con las autopistas o carreteras ya hechas, y se sigue pagando lo mismo o más”.
Esta práctica, a su juicio, ha transformado los cobros en “una especie de verdadero impuesto por circular en las carreteras”. El diputado sostuvo que esta modalidad resulta “inconstitucional”, ya que dichos cobros y pagos no han sido establecidos ni debatidos a través de una ley en el Congreso. Para Mulet, las renovaciones de los contratos de concesiones se han convertido en el mecanismo para perpetuar estos cargos sin la necesaria aprobación parlamentaria.
“En primer lugar, no pasa por el Parlamento. Se han hecho a través de renovaciones de contratos que, a mi juicio, no corresponden, porque se transformaron en un verdadero impuesto. Es muy injusto”, señaló el parlamentario.
El diputado también puso en relieve el elevado costo de los peajes en ciertas zonas, lo que representa un impacto significativo para las personas que deben utilizarlos a diario. “Lo mismo pasa con los TAG”, añadió. Mulet recordó que el exministro de Obras Públicas Martín Arrau había prometido revisar la situación del TAG para avanzar en gestiones que reajustaran los cobros.
En esa línea, el parlamentario manifestó su esperanza de que el actual ministro Louis De Grange mantenga dicho compromiso. “Espero que el ministro De Grange siga en ese sentido, buscando una rebaja del TAG, y también ojalá una rebaja de los peajes, porque esto no se ha discutido y se transformaron en verdaderos impuestos que se cobran sin que pasen por una ley en el Congreso”, enfatizó.
Finalmente, Mulet tildó la situación de “abusiva”, argumentando que el sistema no debería tener como fin “generar utilidades con las carreteras”, sino exclusivamente financiar el uso y el desgaste natural de las infraestructuras. “Por eso es muy grave lo que está pasando, y lo hemos denunciado”, concluyó el diputado.
Según proyecciones de la Unidad de Investigación de BBCL Investiga, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) aprobó contratos de segundas concesiones bajo las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Estos contratos generarían beneficios al Estado por un total de $2,67 billones durante su vigencia. La investigación precisó que el fisco recaudaría $76 mil millones cada año solo por compartición de ingresos, mientras las cinco concesiones se mantengan activas.
Específicamente, por los contratos de las rutas 5 Santiago-Los Vilos, Chillán-Collipulli y Talca-Chillán, el Estado recibiría anualmente $18 mil millones, $11 mil millones y $10 mil millones, respectivamente. En cuanto a la Ruta 78, la recaudación anual para el fisco sería de $11.500 millones. Para la Ruta 68, el Estado obtiene el 6,9% de los peajes, con la excepción de las plazas Quilpué Norte, Quilpué Sur y Troncal Sur (Ruta 60), de las cuales el fisco recibe el 100% de lo pagado por los usuarios.
Además de la compartición de ingresos, la investigación de Bío Bío identificó otros mecanismos de cobro. La infraestructura preexistente, donde el Estado cobra al concesionario por el uso de la carretera ya construida, totaliza $929 mil millones para el fisco por tres rutas. A esto se suma un pago por bienes o derechos en el contrato de la Ruta 5 Talca-Chillán, que asciende a $455 mil millones.
