Hace aproximadamente una década, Chile se vio inmerso en uno de los escándalos de corrupción más resonantes de su democracia moderna: los conocidos casos Penta y SQM. Estas investigaciones revelaron un intrincado esquema de financiamiento ilícito de la política que, según se desprendió, comprometía a “prácticamente todo el espectro político” nacional. La mecánica para costear campañas de senadores, diputados y diversas autoridades de gobierno se basaba en la emisión de boletas falsas, la simulación de estudios inexistentes y complejas triangulaciones de recursos.
No obstante, lo que prometía ser una pesquisa de alcance histórico y con impacto significativo, finalmente se vio mermada y diluida. Según el abogado Cristian Vargas, este desenlace fue producto de una serie de presiones externas, intervenciones a nivel institucional y lo que él mismo ha calificado como una “autoamnistía de facto” por parte de la élite política chilena. En su rol de subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre los años 2014 y 2015, Vargas tuvo la responsabilidad de conducir las investigaciones tributarias y formalizar las querellas correspondientes. Ahora, a través de su reciente libro “Impunidad”, editado por Editorial Aguilar, ofrece un relato pormenorizado y desde el interior sobre cómo los poderes político y empresarial habrían obstruido de manera sistemática estas indagaciones, logrando intervenir entidades clave como el propio SII y la Fiscalía Nacional. Este es el testimonio que expone.
Al ser consultado sobre su rol central en estas investigaciones que estremecieron a la nación, Vargas subraya la fragilidad de la memoria colectiva. Recalca que hace aproximadamente diez u once años, el Servicio de Impuestos Internos sufrió una “intervención y fue descabezado por el sistema político chileno”. El objetivo de esta acción, según su testimonio, era frenar las pesquisas por delitos tributarios que involucraban a casi la totalidad de los sectores políticos de Chile.
El autor explica que su motivación para escribir “Impunidad” fue justamente narrar esta secuencia de hechos desde una perspectiva interna, dado que se encontró en el corazón de lo que considera una de las indagaciones más relevantes en la historia tributaria del país. Vargas presenció directamente cómo, desde las esferas del Ministerio del Interior, se impulsó una estrategia deliberada. Esta buscaba asegurar que los ilícitos que afectaban a gran parte de la clase política chilena no tuvieran ninguna consecuencia legal. “No fue una orden escrita, no fue una ley, fue presión”, sostiene enfático. Ante la falta de éxito inicial de estas presiones, Vargas afirma que “después vino la intervención”, mecanismo que, a su juicio, cimentó una “verdadera impunidad” para los segmentos de la élite política involucrada.
Vargas precisa que estas acciones tuvieron lugar durante el gobierno de Michelle Bachelet, período en el cual Jorge Burgos ocupó inicialmente el cargo de Ministro del Interior, seguido posteriormente por Mahmud Aleuy. Las presiones, según su relato, se manifestaron de una manera que consideró “insólito”, diferenciándolo drásticamente de lo que sucedería con un ciudadano común bajo fiscalización tributaria.
Las injerencias comenzaron progresivamente con “cuestionamientos” a las querellas que el SII estaba formulando. Las preguntas, que venían de fuera de la institución y del propio Ministerio de Hacienda –un hecho inédito para Vargas–, eran cada vez más insistentes: “Que porqué están haciendo esto, qué es lo que están preparando, me gustaría revisarlo, reunámonos porque tengo hartas preguntas que hacer.” Incluso la jefa de gabinete del Ministro de Hacienda inquiría sobre la pertinencia de las querellas en el caso Penta, quién tomaba la decisión de presentarlas o qué ocurriría si no se concretaban. Estas interrogantes iniciales, descritas como “leves cuestionamientos tácitos”, rápidamente escalaron a ser “más directos, más agresivos”, alcanzando el nivel de amenazas personales.
El exsubdirector detalla que estas advertencias llegaban por medio de emisarios, desde fuera de la institucionalidad, con mensajes como: “te estás metiendo en un problema, tienen un dossier tuyo”. Recuerda un encuentro en un café donde un conocido le advirtió directamente:
“Pisaste callos muy fuertes, mi amigo, esto está muy complicado, tienen un dossier tuyo.”
A pesar de estas intimidaciones, Vargas sostiene que ni él ni el equipo de la Subdirección Jurídica se amedrentaron, pues estaban convencidos de estar cumpliendo con su labor. “Yo no tengo nada que ocultar”, afirma, sentenciando que “lo irregular no era lo nuestro, sino de aquellos que pretendían que no se cumpliera con las funciones del servicio.”
El testimonio de Cristian Vargas subraya la gravedad de los hechos con una impactante declaración: “El 80% del Parlamento ha sido elegido con financiamiento irregular.” Este punto abre una interrogante sobre el rol de figuras clave como Michel Jorratt, quien se desempeñaba como Director del SII en aquel crucial período.
