Hace una década, Chile se vio sacudido por los escándalos de financiamiento ilegal de campañas electorales conocidos como casos Penta y SQM. En el epicentro de estas investigaciones estuvo Cristian Vargas, entonces subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien ahora revela cómo el poder político y empresarial obstruyó sistemáticamente las indagaciones por delitos tributarios.
Vargas, tras veinte años en la institución, ha publicado el libro “Impunidad”, un testimonio que narra desde dentro la compleja estrategia que impidió que estos resonantes casos llegaran a buen puerto judicial. El exsubdirector describe un proceso que escaló desde presiones sutiles hasta la intervención directa de las instituciones.
Según relata, el SII fue “intervenido y descabezado por el sistema político chileno” hace diez años, con el objetivo de “frenar las investigaciones por delitos tributarios que afectaban a casi todos los sectores políticos del país”. Las presiones, de acuerdo con Vargas, provenían directamente del Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Burgos, y del Ministerio de Hacienda, quienes cuestionaban la presentación de querellas y emitían advertencias directas.
“Imagínese que desde el Ministerio del Interior te presionen para dejar impunes delitos en los que el propio Ministro del Interior podría estar involucrado”, señaló Vargas.
El exfuncionario del SII incluso recibió amenazas personales. Detalló que en un café un conocido le advirtió claramente: “pisaste callos muy fuertes, tienen un dossier tuyo”. A pesar de estas intimidaciones, la subdirección jurídica continuó su trabajo, logrando presentar querellas en el caso SQM y otros antes de que la estrategia de impunidad se consolidara por completo.
La intervención no se limitó al SII, sino que también alcanzó a la Fiscalía. Vargas explicó que fiscales como Gajardo y Norambuena fueron removidos de sus cargos, siendo reemplazados por figuras consideradas más “funcionales” al objetivo de detener las investigaciones en curso.
Finalmente, Vargas compartió una revelación clave: un alto funcionario de La Moneda le confesó la verdadera razón política detrás de la obstrucción, afirmando que “Prácticamente el 80% del parlamento ha sido elegido con financiamiento de esta misma naturaleza. El país probablemente no aguanta eso”. Ante esta confesión, Vargas propuso una solución transparente: “Hagan una ley de amnistía frente a los ciudadanos, rindan cuenta frente al país”.
La propuesta fue rechazada. Sin embargo, la amnistía se construyó de todas formas, pero no “de cara a la ciudadanía”, sino mediante una estrategia solapada que incluyó el descabezamiento institucional y el nombramiento de nuevas autoridades. Esto culminó con la designación de Fernando Barraza en la Fiscalía y nuevas cabezas en Impuestos Internos, tras las salidas de Michel Jorratt y del propio Cristian Vargas, consolidando así un camino de impunidad que se mantiene latente.
