El ministro de Seguridad, Martín Arrau, impulsa una reforma constitucional para establecer un nuevo estado de excepción. La medida busca permitir que las Fuerzas Armadas se desplieguen en zonas específicas para apoyar a las policías, en respuesta a la creciente demanda ciudadana y los reveses judiciales que ha enfrentado el Ejecutivo, como con la ley de Escuelas Protegidas.
Esta iniciativa, que aún se discute internamente, pretende presentar en las próximas semanas un quinto estado de excepción constitucional. Este sería un mecanismo “más simple” que el actual, diseñado para ser decretado ante una “afección pública”, habilitando la presencia militar en barrios determinados.
El plan no solo busca dar respuesta a las solicitudes de diversos alcaldes que piden militares en las calles para combatir la delincuencia, sino también cumplir con una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast.
“Yo pienso que no puede improvisarse, yo creo que antes que involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que hay que hacer es asegurar las reglas del uso de la fuerza. En eso estamos ahora trabajando con la comisión mixta que tiene que sacar las reglas del uso de la fuerza y tiene esto que ser claro”
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, expresó su interés por conocer las diferencias entre esta nueva herramienta y el actual estado de emergencia, que ya contempla la colaboración entre militares y policías. Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, se mostró abierto a la discusión de un estado de excepción focalizado, pero enfatizó la urgencia de aprobar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para proporcionar mayor seguridad jurídica a los efectivos militares.
El senador socialista Juan Luis Castro recordó que una propuesta similar fue presentada en 2022 por el expresidente Gabriel Boric para enfrentar actos violentos. Castro indicó que la medida debe ser analizada cuidadosamente para evitar “excesos ni atribuciones que sean desmedidas”, insistiendo en la necesidad de límites claros y precisos.
Mientras la propuesta avanza en la Subsecretaría de Prevención del Delito con conversaciones técnicas y políticas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentará una iniciativa para expandir la capacidad de recintos penitenciarios para internos de alta peligrosidad, lo que evidencia la prioridad que la seguridad tendrá en la agenda del Gobierno esta semana.
