La Asociación de Casinos de Juego ha cargado con fuerza contra la polémica decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de permitir que las casas de apuestas online, declaradas ilegales, paguen IVA. La presidenta del gremio, Cecilia Valdés, llevó esta postura a la Comisión de Economía del Senado, calificando la medida de una “contradicción gigante” por parte del Estado.
Valdés reiteró que estas plataformas operan fuera de la ley en Chile y, por tanto, cualquier intención de gravarlas debe pasar primero por una gestión de su legalidad y regulación. Remarcó la incongruencia de que el propio Estado recaude tributos de una actividad que se ha comprometido a perseguir legalmente por considerarla ilícita.
Uno de los puntos más críticos expuestos por la asociación es la respuesta obtenida de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Dicha consulta reveló que las páginas de apuestas online no están obligadas a reportar operaciones sospechosas, lo que, a juicio del gremio, las deja en una posición vulnerable para ser utilizadas en actividades de lavado de activos.
En su presentación ante los parlamentarios, Valdés recordó que en Chile los juegos de azar son considerados ilícitos, con la única excepción de los casinos físicos, que están expresamente autorizados por ley. “Nosotros tenemos prohibida la operación de juego en línea, mientras que en la realidad vemos que (…) hay conteos de incluso más de 3.000 plataformas operando actualmente”, advirtió, señalando que el número real podría ser incluso mayor.
La legalidad no puede venir de la vía administrativa. Esto no es solamente habilitar el juego en línea, sino que es extender una nueva modalidad, es modificar las bases históricas sobre las que se construyó el régimen jurídico de los juegos de azar en Chile.
Para la presidenta, permitir que las casas de apuestas ilegales tributen ante el SII genera una serie de aspectos negativos. Enumeró la completa indefensión de los consumidores, la afectación al sistema de prevención y protección contra la ludopatía y el juego infantil, el alto riesgo de lavado de activos y corrupción, y una recaudación estatal inferior a la potencial, ya que la circular solo contempla el IVA y no el impuesto específico del juego. Además, no existe ningún control sobre la probabilidad de juego.
Por estas razones, Valdés concluyó que “primero tenemos que tener una ley y después vemos cómo se recauda y cuánto se recauda”, insistiendo en la “contradicción gigante” de un Estado que persigue una actividad mientras permite su recaudación.
Cabe destacar que el propio Servicio de Impuestos Internos, en su resolución que autorizó el cobro de IVA, reconoció que las autoridades competentes habían declarado ilegales estas actividades. No obstante, argumentó que su labor se centra en el cumplimiento de obligaciones tributarias para actividades gravadas —en este caso, como entretenimiento digital—, y que no está dentro de sus atribuciones calificarlas de lícitas o ilícitas. Esta misma defensa ha sido utilizada por el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien subrayó el deber recaudatorio del SII.
La Asociación de Casinos también planteó la asimetría de condiciones, ya que el sector regulado del juego paga impuestos mucho más allá del IVA, lo que implicaría que el Estado estaría obteniendo menos recursos de los que podría si el sector online estuviera regulado de forma integral. La situación actual subraya la urgencia de una discusión legislativa profunda para definir el marco legal de las apuestas en línea en el país y evitar un vacío que, según los casinos, pone en riesgo a la ciudadanía y la integridad financiera.
