La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección y ordenó al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de la región de Los Ríos reincorporar de inmediato en sus funciones originales al jefe de operaciones de la dirección regional, César Altamirano Loncomilla. El tribunal de alzada determinó que la polémica remoción y baja de grado del funcionario fue una medida ilegal y arbitraria.
El conflicto comenzó el pasado 28 de abril, fecha en que Altamirano fue notificado del cese de su cargo directivo. La decisión del organismo estatal no solo implicó su salida de la jefatura, sino también su traslado forzoso a la Agencia de Área de Los Lagos para desempeñarse como ejecutivo integral, sumado a una severa degradación en la Escala Única de Remuneraciones.
Para justificar estas drásticas medidas administrativas, la dirección del INDAP aludió a supuestas “razones de buen servicio”. Sin embargo, la institución omitió entregar mayores argumentos o fundamentos reales que respaldaran la decisión, lo que empujó al afectado a recurrir a la justicia civil.
Tras revisar los antecedentes expuestos en el recurso, la justicia determinó dejar sin efecto de manera total el traslado, la remoción y la baja de sueldo. El abogado defensor, Álvaro Arteaga, destacó el impacto que tiene este pronunciamiento en el resguardo de los derechos de los trabajadores públicos:
«Este es un fallo bastante importante porque estableció que una fórmula genérica, como estas razones de buen servicio, no permiten conocer el verdadero razonamiento de la autoridad ni evaluar si la medida que se tomó es razonable o proporcional»
El representante legal del funcionario reincorporado añadió además que la resolución judicial es sumamente relevante debido a que «fija un estándar para casos futuros» en el sector público. Ahora, el INDAP dispone de un plazo fatal de cinco días para decidir si acata la orden de la Corte valdiviana o si impugna el dictamen ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.
